El alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, frenó el nombramiento temporal del subdirector jurídico Marvin Torres Lombardini como director de ese departamento tras alegar que tiene un “conflicto” con el funcionario. En su lugar, designó en el puesto a Luis Vega Campos, un asesor suyo implicado en una investigación administrativa.
El 8 de octubre de 2026, el director titular, Mariano Rodríguez Solís, anunció su ausencia entre el 9 de octubre al 12 de noviembre de 2026 por incapacidad y designó al subdirector Torres Lombardini en sustitución.
El 9 de ese mes, la Alcaldía solicitó al director jurídico y al director de Talento Humano, Allan Vásquez Salazar, detener la sustitución. Días después, se emitió una acción de personal que trasladó al asesor de la Alcaldía, Luis Vega, a la jefatura de la Dirección Jurídica.
Luis Vega (izquierda) es abogado y uno de los asesores de confianza del alcalde de San José, Diego Miranda Méndez. (Lanamme/Tomada de las rrss de Lanamme)
“El señor Marvin Torres Lombardini mantiene un conflicto de intereses directo con mi persona, y actualmente existen procesos judiciales en trámite que reafirman esta situación”, dice el oficio firmado por Miranda.
El documento oficial reconoce que Torres ha sustituido en ocasiones previas a Rodríguez, pero argumentó que se trata de periodos breves.
“De asumir la Dirección (Torres) por un tiempo tan extenso podría comprometer la objetividad e independencia necesarias para ejercer durante un período prolongado la conducción de una dependencia cuya función comprende, entre otras, la asesoría jurídica de la Administración y de la Alcaldía”, justificó Miranda.
Según el alcalde, la designación no pretende cuestionar las actuaciones realizadas en anteriores oportunidades por Torres Lombardini, “sino dejar constancia de que las circunstancias actuales son sustancialmente distintas”.
Conflicto previo
Torres, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, cuestionó la decisión del alcalde.
“Se está desconociendo la existencia de la subdirección, se está desconociendo lo indicado en el manual de puestos respecto a que el subdirector asume en ausencia del director”, afirmó Torres.
El funcionario señaló que fue despedido por la Alcadía de San José. Sin embargo, aseguró que obtuvo una reinstalación definitiva por orden judicial, luego de impugnar su destitución.
“Lo que importa es el respeto por el Estado de derecho”, manifestó el subdirector, quien anunció que recurrirá la decisión y presentará una demanda por presunto acoso laboral contra Miranda.
Además, indicó que mantiene un proceso contencioso-administrativo en el que reclama daños y perjuicios por el despido.
La Nación remitió consultas al alcalde Diego Miranda a través de la oficina de prensa. Sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de edición.
Diego Miranda, alcalde de San José, nombró a un asesor suyo en la Dirección Jurídica de ese municipio. (Rafael Pacheco Granados)
La decisión no pasó inadvertida en el seno del Concejo Municipal. Los regidores de oposición cuestionaron la decisión de Miranda.
“Estamos una vez más ante una ocurrencia del alcalde Diego Miranda. No solo continúa con la persecución contra los colaboradores municipales, sino que saca una resolución sin ningún argumento jurídico ni sustento técnico para nombrar a una persona que tiene un nombramiento por confianza en un puesto administrativo”, dijo Juan Diego Gómez, del Partido Más San José.
Marco Ramírez, regidor del Partido Liberal Progresista (PLP), agregó: “Como siempre, un error más del señor alcalde de que querer poner a un amigo en lugar de mantener el ordenamiento jurídico y el orden correspondiente que corresponde en los puestos de la administración. Lastimosamente el señor Miranda sigue administrando la municipalidad como si fuera una pulpería”.
La edil independiente Yorleny Córdoba remitió un oficio en el que le solicitó a Miranda explicaciones.
Investigación
Vega Campos, al que Miranda pidió nombrar como director jurídico interino, es un abogado y asesor de la Alcaldía, según consta en la acción de personal que ejecutó el traslado al nuevo puesto.
Uno de ellos era Vega. Este caso fue posteriormente archivado en la vía penal. Sin embargo, la investigación continúa en la administrativa.
Según el expediente, Vega y otro funcionario municipal asesoraron a Miranda en una defensa personal.
La investigación en el seno del Concejo Municipal estuvo paralizada, porque Miranda recusó a 17 de los 22 regidores, lo que imposibilitó al pleno a formar cuórum para resolver el caso.
Ante ese escenario, se activó el artículo 234.2 de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece que cuando la recusación afecte a la totalidad de los miembros de un cuerpo colegiado y no existe superior jerárquico, como ocurre en la estructura municipal, la resolución recae en la Presidencia de la República.
