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Al menos 1.838 personas firmaron un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa por la falta de nombramiento de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.
Así lo confirmó la oficina de prensa del Tribunal ante una consulta de La Nación. El expediente se encuentra en etapa de estudio de admisibilidad.
Según los recurrentes, la omisión de los diputados podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, al afectar el funcionamiento regular de la jurisdicción constitucional.
Señalaron que “las magistraturas suplentes son indispensables para garantizar la integración de la Sala Constitucional ante ausencias, impedimentos, recusaciones o excusas de las magistraturas propietarias”.
La Sala Constitucional corre el riesgo de una parálisis, ya que, si alguno de los magistrados propietarios se ausenta por jubilación, enfermedad o vacaciones, o si el Congreso decide no reelegirlo, el tribunal no podría sesionar. Ese estrado no tiene, a día de hoy, ni un suplente nombrado.
Para los recurrentes, se estarían violentando los artículos 41 y 48 de la Constitución Política, así como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Estas normas reconocen el derecho de las personas a acceder a la justicia constitucional y a contar con recursos efectivos de protección de derechos fundamentales.
Según la oficina de prensa, también se citó el artículo 164 de la Constitución Política, en cuanto establece la competencia de la Asamblea Legislativa para realizar el nombramiento de magistraturas suplentes a partir de las nóminas correspondientes.
PPSO se niega a nombrar suplentes constitucionales
El Partido Pueblo Soberano (PPSO) se ha negado sistemáticamente a nombrar a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
El pasado 10 de junio, el PPSO aprobó una moción de orden para rechazar la nómina de 18 candidatos a magistrados suplentes de ese tribunal y exigirle a la Corte Suprema de Justicia que presentara una nueva lista de aspirantes a dichos puestos.
Sin embargo, solo cinco días después, la Corte Plena acordó devolver intacta, a la Asamblea Legislativa, la nómina de candidatos.
Según los recurrentes, existe un mandato constitucional de nombrar esos cargos, con una nómina remitida por el Poder Judicial, pero el Congreso continúa sin cumplir la norma.
“El recurso enfatiza que la omisión no es meramente administrativa o política, sino que puede impactar directamente la continuidad del servicio público de justicia constitucional, lo cual resulta relevante porque de este depende la posibilidad real de interponer y resolver recursos de hábeas corpus, amparo y demás mecanismos de control constitucional", explicó la oficina de prensa.
El caso se tramita bajo el expediente 26-022114-0007-CO y fue presentado por activistas, ciudadanos y organizaciones, como la Red Feminista de Costa Rica, entre otras.
En una publicación en sus redes sociales, esa red destaca que áreas como la salud y vida, medio ambiente, así como la libertad y los derechos civiles, podrían verse afectados.
Expedientes paralizados
Actualmente, al menos 87 expedientes permanecen detenidos en la Sala Constitucional porque hay magistrados inhibidos en estos casos. El Tribunal debe integrarse en su totalidad para poder votar un expediente, pero, sin suplentes, los casos quedan detenidos.
El proceso para seleccionar la lista de 18 candidatos que llegó al Congreso en octubre del 2025 duró casi nueve meses. Empezó en enero de ese año y la lista fue avalada por la Corte Plena recién en setiembre del año pasado, para ser enviada a la Asamblea Legislativa en octubre.
Sin embargo, ni la anterior conformación legislativa ni la actual han cumplido con el mandato legal.
La Constitución Política manda al Congreso a reponer las suplencias de las salas de la Corte Suprema de Justicia.
