Un tribunal federal rechazó la semana pasada un requerimiento en ese sentido del Departamento de Justicia a las autoridades electorales de California, un estado tradicionalmente demócrata del oeste del país.
El gobierno federal pidió repetidamente a California que colabore para verificar su padrón electoral.
La organización de elecciones es potestad de los estados.
“Nunca antes en la historia estadounidense el gobierno federal, en vísperas de unas elecciones, había intentado obligar a las autoridades locales y de un estado a renunciar a sus propios procedimientos electorales constitucionales para someterse a la voluntad del poder ejecutivo”, se alarmó el juez David Carter en su decisión.
“Están en juego derechos constitucionales y nuestra democracia”, concluyó, subrayando que la metodología del gobierno para determinar el número potencial de extranjeros inscritos por error en los censos electorales estaba “lastrada por la incertidumbre y los errores”.
La administración de Donald Trump anunció que recurriría de inmediato y pidió al juez que suspendiera su decisión.
John Sauer, el procurador general, que representa al gobierno federal ante la Corte Suprema, acudió a esa instancia el lunes para reiterar que en el censo electoral de California se calcula que hay como mínimo 20.000 personas que “probablemente no son ciudadanos estadounidenses”.
Trump y el bando republicano agitan con frecuencia el espectro de un voto masivo de extranjeros en las elecciones estadounidenses, algo sin embargo extremadamente marginal, según cálculos.
Este recurso tiene muy pocas probabilidades de prosperar, señala en su blog Rick Hasen, experto en derecho electoral de la Universidad de California en Los Ángeles (oeste), debido en particular a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se opone a cualquier decisión judicial que influya en las reglas de voto justo antes de unos comicios.
