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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra un juez federal que ordenó pausar las deportaciones amparadas en una ley de tiempos de guerra.
A través de redes sociales, lo calificó como un “lunático de la izquierda radical”, mientras los abogados del gobierno argumentaban que el magistrado no tenía la facultad de detener las expulsiones.
El juez James E. Boasberg ordenó al gobierno presentar más información antes del mediodía mientras investiga si la Casa Blanca violó su orden al enviar a más de 200 migrantes a El Salvador.
Trump intensificó su ataque al magistrado, llamándolo además un “alborotador y agitador”. En su plataforma Truth Social, afirmó que Boasberg, “como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser DESTITUIDO!”.
Horas después, el jefe de la Corte Suprema, John Roberts, reprendió este martes al presidente por haber pedido la destitución del juez.
“Desde hace más de dos siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”, afirmó Roberts en un comunicado.
El conflicto surge un día después de que el gobierno de Trump negara haber desobedecido la orden del juez, que prohibía expulsar a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua con base en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El lunes, Boasberg celebró una audiencia para determinar si la administración estadounidense ignoró deliberadamente su fallo al trasladar a más de 200 migrantes a El Salvador, país al que Washington ha pagado para encarcelar a los deportados.
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Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que los expulsados ya habían salido de Estados Unidos cuando el juez emitió la orden por escrito. Además, sostuvieron que Boasberg carece de jurisdicción una vez que los aviones han abandonado el espacio aéreo estadounidense.
El Departamento de Justicia intentó cancelar la audiencia del lunes alegando que el caso interfiere con la autoridad presidencial en materia de seguridad nacional y relaciones exteriores.
Sin embargo, al continuar el proceso y congelar temporalmente las deportaciones, los abogados del gobierno presentaron una moción ante un tribunal de apelaciones para intentar apartar a Boasberg del caso.
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Migrantes enviados a prisión en El Salvador
La Casa Blanca defendió la deportación masiva. Karoline Leavitt, portavoz del gobierno, aseguró que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros es legítimo, ya que Trump ha declarado al Tren de Aragua como una organización terrorista global.
Según Leavitt, de los más de 200 migrantes expulsados en la operación, 137 fueron deportados bajo esa legislación, 101 eran venezolanos removidos bajo normativa migratoria y 23 eran miembros de la pandilla MS-13.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó con ironía a la decisión judicial. En redes sociales, escribió “Ups… Demasiado tarde”, acompañado de un emoji de risa y el anuncio del juez.
El domingo, Bukele confirmó la llegada a su país de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una de las prisiones de máxima seguridad más grandes de América Latina.
