El mes pasado, Nicaragua cerró su embajada en la capital dominicana, semanas después de que ambos países llamaran a consultas a sus respectivos embajadores en Managua y Santo Domingo.
El conflicto inició por una reforma anunciada por el copresidente de Nicaragua Daniel Ortega que aumenta el período de mandato de seis a siete años y excluye de los comicios a quienes participen en “actos golpistas, traición a la patria” o soliciten “intervención militar”.
La medida apunta a asegurar la sucesión presidencial en la familia del octogenario exguerrillero y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.
La propuesta fue fustigada por el gobierno del derechista Luis Abinader.
“Hago pública, en la presente Consulta de Cancilleres, la decisión dominicana de retirar nuestra embajada en el hermano país de Nicaragua hasta tanto persistan las condiciones que aquí hemos denunciado”, afirmó el canciller Victor Bisonó durante una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
El gobierno de Abinader se ha distanciado también de Cuba, al expulsar a mediados de agosto a nueve miembros de la embajada cubana y a sus familias, sin dar a conocer los motivos de este retiro.
