“No se puede reducir indefinidamente la protección sin provocar un hundimiento de los sistemas. Por debajo de un determinado umbral, los servicios no solo llegan a menos gente, sino que pueden dejar de funcionar totalmente, dejando a los más vulnerables sin la protección que necesitan”, advirtió Dominique Hyde, directora de relaciones exteriores del ACNUR, con ocasión de la publicación de un informe de la organización.
Según explica la agencia en el informe, su capacidad para proteger y asistir a los refugiados se ha visto “socavada por una agravación del déficit de financiación”, que la obliga “a reducir sus programas esenciales”.
De 2024 a 2025, los fondos disponibles de la agencia pasaron de los $5.200 millones a $3.900 millones, debido a un descenso de las contribuciones.
A finales de julio de 2026, el ACNUR solo había recibido el 32% de los $8.500 millones que necesita para este año, mientras que el número de personas a las que tiene que atender está a un nivel “históricamente alto”.
Con esta situación, cerca de 8,3 millones de personas están en riesgo de quedarse sin ayuda, advierte la agencia.
“Cuando se para el registro, los centros de acogida cierran o los servicios de protección de la infancia desaparecen, los mismos riesgos de los que la gente había huido -violencia, explotación y abusos- resurgen en las zonas de desplazados”, señaló Dominique Hyde.
Las reducciones presupuestarias ponen en entredicho los esfuerzos para limitar la dependencia de la ayuda humanitaria.
Por ejemplo, en Irak, cerca de 350.000 refugiados y solicitantes de asilo se podrían quedar sin acceso a oportunidades de inclusión económica.
Y en Siria, 162.500 personas desplazadas dentro del país y refugiadas que regresaron del exterior no recibirán ninguna ayuda financiera, por falta de fondos.
