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El objetivo es alcanzar 3.000 detenciones cada día, lo cual marcaría una operación sin precedentes en las recientes políticas fronterizas del país.
Este cambio se fundamenta en una cláusula de la ley que indica que todo migrante sin permiso “será detenido” tras su captura. En el pasado, la norma se aplicaba a recién llegados. La administración actual la extendió a quienes ya vivían en Estados Unidos desde hace años.
Con esta modificación, la intervención judicial desaparece. Solo un funcionario migratorio podrá decidir si existen condiciones extraordinarias para liberar a un individuo, pero esa decisión no requerirá evaluación de un juez.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respaldó la medida, alegando que responde a una interpretación literal del marco legal vigente.
Para implementar este plan, el Congreso aprobó un presupuesto de $45.000 millones destinado a fortalecer la infraestructura de detención por los próximos cuatro años. Esto permitirá duplicar la capacidad operativa, con el fin de mantener hasta 100.000 personas bajo custodia simultáneamente.
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Demandas legales por detenciones sin revisión
Varias organizaciones defensoras de migrantes interpusieron acciones judiciales contra esta política. El Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste presentó una demanda en el estado de Washington por una disposición similar.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) denunció que se han suspendido audiencias de fianza en más de 12 tribunales, entre ellos los de Nueva York, Ohio, Virginia y Oregón.
Según la AILA, esta medida representa un intento por establecer a nivel nacional una política que impide analizar las circunstancias particulares de cada caso.
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