Una investigación de ProPublica reveló las condiciones de un acuerdo petrolero entre el gobierno de Donald Trump y una empresa vinculada al polémico empresario venezolano Alejandro Betancourt que otorgan amplias ventajas a Estados Unidos, protegen la posición del magnate y permiten que algunos inversionistas permanezcan en el anonimato.
El medio estadounidense —una organización periodística sin fines de lucro— informó este 20 de octubre que revisó una copia de un “convenio de asociación estratégica” de 18 páginas, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; Betancourt, y Orlando Alvarado, representante de la sociedad matriz de la empresa.
Según ProPublica, el documento establece una participación del 35% para el Gobierno estadounidense en North American Blue Energy Partners (NABEP), mediante la adquisición de acciones de una sociedad matriz registrada en Barbados.
El acuerdo también reserva a Washington amplios derechos de compra sobre el petróleo de la compañía y establece mecanismos que dificultarían revertir la estructura de la operación en futuras administraciones.
La investigación, firmada por Cate Brown, Aaron C. Davis y Sebastian Rotella, identifica tres aspectos centrales: las condiciones diseñadas para proteger la continuidad de la empresa, la falta de transparencia sobre algunos de sus inversionistas y el tiempo que podría transcurrir antes de que el negocio aporte una cantidad significativa al suministro petrolero estadounidense.
El presidente Trump anunció el acuerdo a finales de agosto y lo describió como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Sin embargo, el documento revisado por ProPublica contiene diferencias respecto de algunas de las promesas públicas de su administración.
Participación estadounidense y control empresarial
De acuerdo con el medio de investigación, el convenio establece que la empresa será dirigida por Betancourt y tendrá una junta directiva de siete integrantes, cuya mayoría deberá ser ciudadana de Estados Unidos.
El gobierno estadounidense también podrá designar a un observador sin derecho a voto.
La estructura inicial de la junta tendrá un mandato de 15 años. Según personas familiarizadas con las negociaciones consultadas por ProPublica, el diseño procuró dificultar que futuros gobiernos estadounidenses o venezolanos desmantelen la operación.
El acuerdo exige una mayoría de cinco votos para destituir a Betancourt como director ejecutivo, modificar la composición de la junta o autorizar determinadas transacciones. Además, no establece la participación obligatoria de representantes del gobierno venezolano en ese órgano.
ProPublica señaló que el convenio no identifica de manera clara a los propietarios e inversionistas de la sociedad matriz registrada en Barbados. Según el medio, las normas corporativas de ese territorio ofrecen escasos mecanismos para obligar a revelar públicamente a los beneficiarios de esas participaciones.
El documento sí contempla controles contra el lavado de dinero, auditorías externas e inspecciones de los registros por parte del gobierno estadounidense.
También exige la entrega de presupuestos anuales e informes financieros trimestrales sin auditar. No está claro si esos reportes se harán públicos.
Petróleo con descuento y compromisos pendientes
El convenio revisado por ProPublica concede a Estados Unidos el derecho a comprar el 20% de la producción petrolera de NABEP a un precio de $30 por barril, según uno de los documentos complementarios examinados por ProPublica.
Además, Washington obtiene prioridad para adquirir el resto de la producción de la empresa durante 50 años. El acuerdo incluye un derecho irrevocable a comprar todo el petróleo de la compañía si Estados Unidos declara una emergencia nacional.
La investigación advirtió, sin embargo, que el precio de $30 por barril no contempla necesariamente todos los costos de llevar el crudo venezolano al mercado. Buena parte del petróleo extraído en Venezuela es pesado y requiere mezclarse con productos más livianos para poder transportarse por tuberías.
El documento también difiere de las declaraciones de Trump sobre el alcance temporal del acuerdo. Mientras el mandatario presentó la operación como una garantía de dominio energético para el próximo siglo, ProPublica indicó que los derechos de compra estadounidenses vencen a los 50 años.
La investigación también advirtió que los derechos de explotación descritos en el convenio parecen entrar en conflicto con la legislación venezolana, que limita a 25 años las concesiones petroleras.
Otro punto pendiente es el beneficio económico prometido a Venezuela. La Casa Blanca ha mencionado unos $200.000 millones en regalías e impuestos para el país sudamericano, pero ProPublica señaló que el acuerdo revisado no garantiza expresamente que la empresa esté obligada a pagar esa suma.
Un empresario bajo escrutinio
Betancourt, empresario venezolano de 46 años, ha sido objeto de investigaciones por presunto lavado de dinero en varios países, relacionadas con sus negocios energéticos y operaciones vinculadas con Venezuela.
Según Transparencia Venezuela en un reportaje de AFP, Betancourt firmó en 2009 a través de su empresa Derwick Associates contratos por $5.000 millones para importar plantas generadoras de electricidad, cuando el país comenzó a enfrentar una crisis energética.
El gobierno pagó un sobreprecio de 138% por equipos que solo produjeron el 20% de los megavatios prometidos. En 2025 Betancourt fue detenido en Reino Unido, y Suiza abrió un proceso judicial penal en su contra por lavado de dinero que suspendió abruptamente en mayo.
Terry Wade, portavoz de NABEP, declaró a ProPublica que “ni el señor Betancourt ni el señor Alvarado han sido acusados de ningún delito en ningún país” y calificó de infundadas las afirmaciones en su contra.
Según la investigación, Orlando Alvarado, la otra figura involucrada, ocupó cargos directivos en varias compañías vinculadas con Betancourt.
ProPublica citó al Miami Herald para señalar que fiscales federales lo identificaron como presunto coconspirador no acusado en un esquema de malversación de fondos de la petrolera estatal venezolana.
La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y NABEP defendieron la operación ante las consultas de ProPublica. Los funcionarios estadounidenses sostuvieron que la asociación público-privada generará beneficios económicos duraderos para ambos países.
La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, también calificó el acuerdo de histórico y sostuvo que Venezuela conservará la soberanía sobre sus recursos naturales.