La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el ente público que opera la vía interoceánica, construirá un embalse de 4.600 hectáreas en el río Indio, al oeste de la ruta, para garantizar el suministro de agua y evitar que una hipotética sequía afecte su funcionamiento.
El canal, por el que pasa el 5% del comercio marítimo mundial, opera con agua de lluvia que es almacenada en los lagos artificiales Gatún y Alhajuela. El embalse permitiría llevar agua a Gatún por un túnel de nueve kilómetros.
Los trabajos, que afectarán a unas 2.000 personas que residen en el lugar, deben comenzar en 2028 y culminar en 2031, con una inversión de 1.600 millones de dólares. Se prevé que los primeros reasentamientos inicien a mediados de 2027.
“No nos sacarán ni vivos ni muertos”, advirtió durante la protesta Maricel Sánchez, dirigente campesina al llegar frente a la Corte Suprema, donde leyó un pronunciamiento de las comunidades afectadas.
“El Estado panameño (...) vuelve a aparecer una vez más” y “no para protegernos, sino para arrebatarnos aquello que por generaciones hemos defendido: la tierra, el agua y la vida”, agregó.
Los primeros reasentamientos se producirán en la localidad El Limón de Chagres, en la provincia caribeña de Colón, donde está previsto que inicien las obras preliminares de la futura presa, por la que también se cerrarán cementerios comunales.
El abogado Tristán Santander dijo a la AFP que presentaron ante la Corte un recurso de “nulidad” a la orden del gobierno que autoriza las exhumaciones y el traslado de los cuerpos.
