Asunción. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrentará un juicio político en el Senado por la crisis del banco digital Ueno Bank, cuyo colapso dejó sin acceso a sus ahorros a casi tres millones de personas, cerca de la mitad de la población del país.
Peña, de 47 años, presentó su renuncia este jueves, después de que su propio partido le retirara el respaldo en el Congreso.
Sin embargo, el Legislativo dejó pendiente la decisión sobre su dimisión y anunció que avanzaría con el proceso de destitución, por lo que el mandatario permanece provisionalmente en el cargo. El juicio político está previsto para comenzar este viernes.
La crisis desató protestas por tercera noche consecutiva en Asunción y otras localidades, como Ciudad del Este. Miles de personas salieron a las calles para exigir la devolución de sus depósitos y reclamar responsabilidades al Gobierno.
Unos 5.000 manifestantes se congregaron frente al Congreso en apoyo al juicio político contra Peña, según estimaciones policiales. Algunos portaban pancartas con mensajes como “robar es delito solo para los pobres” y “no me sirve tu renuncia, devolvé la plata de tu bolsillo”.
En algunas zonas se registraron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y policías. La noche anterior, las autoridades utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar las concentraciones.
“Mi familia se quedó sin dinero, no tenemos efectivo. Santi (Peña) es un delincuente, tiene que ir a la cárcel”, declaró Andrés Maldonado, un estudiante de 21 años que participó en una de las protestas.
Renuncia quedó en suspenso
Peña anunció su decisión de abandonar la Presidencia después del mediodía del jueves, mediante un video publicado en su cuenta de X.
Poco después, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar un juicio político contra el gobernante. En esa misma sesión, los legisladores rechazaron abrir otro proceso contra el vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años, quien asumiría la Presidencia si se concreta la salida de Peña.
Sin embargo, el pleno del Congreso levantó una sesión posterior por falta de quórum, sin resolver la renuncia presidencial.
La mayoría de los diputados oficialistas abandonó el recinto mientras se desarrollaba una votación que se encaminaba al rechazo de la dimisión.
La oposición buscaba que el juicio político avanzara para impedir que Peña conservara su fuero mediante una renuncia aceptada y pudiera eludir así un eventual proceso penal. En cambio, un sector del oficialismo proponía aceptar su salida para facilitar la llegada de Alliana al poder.
Luego, senadores oficialistas anunciaron que impulsarían el juicio político contra el mandatario.
Tras conocer la decisión de avanzar con el proceso, Peña aseguró que comparecerá ante el Senado para defenderse.
“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, escribió en X.
En medio de la crisis, el ministro del Interior, Enrique Riera, también presentó su renuncia el jueves.
Investigación por depósitos y conflicto de intereses
La crisis comenzó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank debido a una grave insuficiencia de capital.
La medida dejó congelados los depósitos de millones de clientes y recursos de instituciones estatales, entre ellos fondos del Instituto de Previsión Social.
Peña, quien fue ministro de Hacienda antes de asumir la Presidencia en 2023 para un mandato que debía extenderse hasta 2028, había tenido acciones en un grupo empresarial que controlaba el banco. El mandatario se desprendió de esas participaciones en 2025.
Después de la intervención, el presidente exigió la renuncia del titular del Banco Central y promulgó una ley que estableció un plazo máximo de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayor parte de sus fondos.
Sin embargo, esas medidas no detuvieron las acusaciones de legisladores sobre posibles conflictos de intereses.
Los diputados cuestionaron si Peña favoreció a la entidad mediante decisiones regulatorias y la colocación de recursos de fondos previsionales.
La Fiscalía General de Paraguay anunció el jueves la apertura de una investigación penal contra el mandatario por “hechos relativos a la supervisión y resolución de Ueno Bank S.A. y a la colocación de fondos públicos en dicha entidad”.
El caso coloca a Peña ante dos procesos simultáneos: el juicio político en el Congreso y una investigación penal sobre las actuaciones relacionadas con la supervisión del banco y el manejo de recursos públicos.