Presidente de Guatemala afirma que la policía no acatará órdenes ‘ilegales’ de la Fiscalía
Bernardo Arévalo citó a la fiscal general, Consuelo Porras, para explicar denuncias sobre la instrumentalización de la justicia
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, cuestionó el papel de la Fiscalía en la justicia. Señaló persecución a periodistas y acciones ilegales contra sus colaboradores. JOHAN ORDONEZ
Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que no permitirá que la policía ejecute órdenes “ilegales” de la Fiscalía. Citó con urgencia a la fiscal general, Consuelo Porras, a quien responsabilizó de la crisis del sistema de justicia guatemalteco.
Arévalo hizo estas declaraciones en una rueda de prensa tras el allanamiento de la vivienda de un exministro de su gobierno. El anuncio ocurrió dos días después de que una corte, a solicitud de la Fiscalía, ordenara la reclusión del periodista José Rubén Zamora, quien llevaba un mes en arresto domiciliario.
“Nuestro gobierno no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales provenientes de un Ministerio Público criminalizador y arbitrario”, expresó el mandatario. Indicó que enviará una citación a Porras para que explique su papel en la instrumentalización de la justicia, la limitación de la libertad de expresión y la persecución a periodistas.
Esto, según reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Zamora estuvo dos años y medio en prisión por cargos de supuesto lavado de dinero. Él denunció que esta acusación es una represalia por haber publicado investigaciones sobre corrupción en el gobierno anterior de Alejandro Giammattei (2020-2024).
La defensa del periodista presentó un recurso de amparo para evitar su regreso a prisión. Arévalo y diversas organizaciones de prensa condenaron la revocatoria de su arresto domiciliario.
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, cuestionó el papel de la Fiscalía en la justicia. Señaló persecución a periodistas y acciones ilegales contra sus colaboradores. (JOHAN ORDONEZ/AFP)
El presidente calificó como “deleznable” el allanamiento realizado este domingo por la policía en la vivienda del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, investigado por lavado de dinero. Señaló que este hecho es parte de una serie de acciones arbitrarias que evidencian la cooptación de las instituciones de justicia.
Arévalo mencionó también el caso de Ligia Hernández, excolaboradora de su gobierno, quien estuvo tres meses en prisión y fue liberada esta semana. Según el mandatario, Hernández fue presionada para aceptar cargos de supuesto financiamiento ilícito en el partido gobernante.
Consuelo Porras, sancionada por Washington por considerarla corrupta y antidemocrática, promovió investigaciones contra periodistas y exfuncionarios judiciales que abordaron casos de corrupción. Esto obligó a varios de ellos a exiliarse. En 11 meses de gobierno, Arévalo no ha logrado destituir a Porras, quien lideró en 2023 una ofensiva para evitar que el socialdemócrata asumiera la presidencia. La fiscal general mantiene una relación cercana con el expresidente Giammattei.
“La justicia en Guatemala está en crisis por un Ministerio Público cooptado”, reiteró Arévalo. En enero, al inicio de su mandato, citó a Porras, pero ella rechazó reunirse.