Liderados por el jefe legislativo Juan Guaidó, reconocido como presidente del país por medio centenar de naciones, los diputados decidieron pedirle a la Fiscalía de la CPI que incorpore dichos casos "como elemento probatorio en las investigaciones que en ella cursan sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela".
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Para ello, enviarán el documento a La Haya, sede del tribunal.
En el reporte publicado el pasado 4 de julio, Bachelet informó del asesinato de miles de personas por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas durante el último año y medio.
En febrero del 2018, la CPI puso en marcha investigaciones preliminares por "presuntos crímenes" en Venezuela durante manifestaciones contra el presidente socialista, Nicolás Maduro, que dejaron unos 125 muertos en el 2017.
Luego, en setiembre del 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la Corte que investigara los crímenes contra la humanidad que –aseguran– ha cometido el gobierno de Maduro. Este pedido fue respaldado por Francia y Alemania, generando el rechazo de Caracas.
Guaidó consideró que las denuncias de Bachelet son un "punto de inflexión importante" en la presión internacional al líder chavista, a quien tilda de "dictador" y "usurpador", y advirtió a los militares –considerados pilar del gobernante– que podrían enfrentar a la justicia por complicidad.
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"Hoy todos los que sostienen a este régimen (...) o quieren voltear para otro lado ante la violación flagrante de derechos humanos también son cómplices de la dictadura", sostuvo el opositor, quien promete sacar a Maduro del poder este año "por las buenas o por las malas".
Maduro rechazó el lunes el informe de Bachelet, asegurando que se lo “dictó” Estados Unidos, mientras el número dos del oficialismo, Diosdado Cabello, convocó para el próximo sábado a una protesta que denunciará su supuesta parcialidad.
Además de la CPI, el Parlamento acordó enviar el documento al Consejo de Seguridad de la ONU y varios organismos regionales.
Reemplazado en la práctica por la oficialista Asamblea Constituyente, las decisiones del Legislativo son consideradas nulas desde el 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia, de línea chavista.
