Bachelet, que presentó su informe sobre Venezuela que da cuenta del asesinato de miles de personas por parte de las fuerzas de seguridad, afirmó que el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, comporta en este país “un riesgo de represalias y de represión”.
“Las principales instituciones y el Estado de derecho en Venezuela han sido erosionados”, dijo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Bachelet, que viajó a Venezuela del 19 al 21 de junio.
Aún siendo muy crítica con Caracas, la Alta Comisionada estimó; sin embargo, que se tenía que “dar una oportunidad” al gobierno para poder hacer reformas, sin fijar una “fecha límite”.
LEA MÁS: ONU: casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela en año y medio
Destacó un “nuevo compromiso” de Caracas después de la liberación de 62 detenidos hace unos días tras su visita y “ayer otros 22, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni”.
El gobierno también aceptó la presencia de dos delegados de la ONU de derechos humanos y el envío de 10 relatores especiales en los dos próximos años.
Caracas se comprometió además a suministrar a la ONU un "acceso total a todos los centros de detención", indicó la Alta Comisionada.
Bachelet aseguró, ante la prensa, que iba a seguir cooperando con Caracas, pero advirtió que el "Estado tiene la responsabilidad principal de garantizar los derechos humanos".
El informe de la ONU, publicado la víspera, fue inmediatamente denunciado por Caracas como un documento lleno de "errores". El viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, William Castillo, presente en la ONU el viernes, exigió la "corrección" del documento.
El informe indica que desde el 2018, cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente de “resistencia a la autoridad”, según el gobierno, durante operaciones de seguridad.
Esta cifra es "extremadamente elevada", según Bachelet, quien denunció las amenazas, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que sufren opositores y defensores de los derechos humanos.
En el documento, Bachelet pide a Caracas "disolver las FAES", un cuerpo de élite de la policía nacional creado en el 2017, y el establecimiento de un "mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales efectuadas durante las operaciones de seguridad".
Ante el Consejo de Derechos Humanos, William Castillo reconoció las "debilidades" del sistema judicial de su país y que las instituciones policiales habían cometido "desviaciones puntuales".
Sin embargo, Caracas “rechaza categóricamente (la acusación de) criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, agregó.
También defendió la acción del gobierno ante los "serios riesgos" para la seguridad nacional a los que se enfrenta Venezuela, como "planes de golpe de Estado" y amenazas de una "intervención militar extranjera" lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump.
Venezuela atraviesa una profunda crisis política con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento proclamado presidente interino y reconocido por unos 50 países.
LEA MÁS: ‘Quiero justicia’, clama madre de joven que quedó ciego tras ser baleado en Venezuela
El país sufre además una severa crisis económica, recrudecida por un embargo petrolero y sanciones financieras de Estados Unidos para tratar de deponer a Maduro.
De acuerdo con Naciones Unidas, más de siete millones de venezolanos, es decir un cuarto de la población, requieren ayuda humanitaria urgente.
Bachelet ha criticado en múltiples ocasiones las sanciones contra Venezuela, apuntando especialmente a Estados Unidos.
El viernes, reiteró que las "últimas sanciones económicas agravan todavía más" la situación en el país, "teniendo en cuenta que la mayoría de los ingresos en divisas del país provienen de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense".
“Los efectos de estas sanciones parecen afectar a la capacidad del Estado para suministrar servicios de salud de base a la población”, insistió.
