La revisión del escrutinio por un equipo de 30 técnicos la acordaron el gobierno de Morales y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pero la oposición la rechaza y exige la anulación de la votación.

La misión de la OEA revisará cuatro aspectos de los comicios: verificación de cómputos (actas y papeletas), verificación del proceso informático, el componente estadístico y las proyecciones, y la cadena de custodia de la votación.

La revisión comenzó en medio de protestas y choques en las calles entre oficialistas y opositores, que comenzaron al día siguiente de los comicios. Ambos bandos se culpan mutuamente por la violencia.

Una interrogante es qué hará la oposición cuando la misión de la OEA entregue su informe, que será vinculante.

“No aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente” entre la OEA y el gobierno de Morales, anunció el miércoles el opositor Carlos Mesa, segundo en los comicios, de acuerdo con el escrutinio oficial.

El recuento de votos que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) quedó en el foco de una polémica al haber utilizado dos sistemas tecnológicos que causaron sospechas por haber mostrado contradicciones, según críticos y opositores.

El primer sistema de conteo rápido sugería que sería necesaria una segunda vuelta entre Morales y Mesa, pero el segundo -el cómputo oficial definitivo- dio a Morales como ganador en primera vuelta con el 47,08 votos, frente a Mesa con el 36,51%.

De acuerdo con la ley, la diferencia de 10 puntos le permite a Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, seguir gobernando hasta el 2025.

La Conferencia Episcopal Boliviana manifestó el jueves su esperanza de que la auditoría siente “las bases para un acuerdo" y colabore con "la pacificación del país”.

Rechazo a pedido de tregua

Morales insistió este jueves en que la oposición puso en marcha un “golpe de Estado”, que “ha fracasado”, pero luego propuso una tregua a sus adversarios hasta que la OEA acabe su trabajo.

"A los movimientos sociales, mi pedido: levanten su bloqueo. Y a los hermanos que están en paro en las ciudades: que levanten su paro (para) pacificar el país y esperar los resultados de la auditoría" de los expertos de la OEA, dijo el gobernante izquierdista aymara, de 60 años, en el poder desde 2006.

Sin embargo, esta propuesta fue rápidamente rechazada por el influyente líder regional Luis Fernando Camacho, quien exigió la renuncia del mandatario.

“Estas medidas no se van a levantar, hasta que el presidente Morales renuncie (pues) no vamos a seguir esperando que el señor Morales siga al mando de este pueblo boliviano”, manifestó Camacho, presidente de Comité Cívico de Santa Cruz, la rica región del oriente y bastión de la oposición.

Previamente, Mesa declaró que “esta movilización debe continuar” hasta doblegar a Morales, pero pidió a sus seguidores que tomen resguardos tras las muertes, el miércoles en la noche, de dos manifestantes opositores que bloqueaban una calle en el poblado oriental de Montero, cercano a Santa Cruz.

Es “imprescindible una investigación inmediata sobre las responsabilidades de quienes son los autores de estas dos muertes, pero no creemos, en absoluto en el Ministerio Público masista” (por el MAS, el partido gobernante), expresó Mesa, un centrista de 66 años que gobernó Bolivia entre 2003-2005.

Mesa exigió a Morales que ordene a sus partidarios levantar los bloqueos de rutas, que impiden la llegada de alimentos a las ciudades.

Los disturbios han dejado también 139 heridos en el país, según la defensora del pueblo, Nadia Cruz.

Además de Santa Cruz y Cochabamba, hay protestas desde la semana pasada en Potosí (sureste) y La Paz (suroeste).