Los ánimos estaban exaltados y similares choques tenían lugar en otros barrios y otras ciudades. La Policía dispersó con gases lacrimógenos a los bandos rivales.

Luego de una jornada que dejó al menos 30 heridos, entre ellos algunos de bala, el vicepresidente Álvaro García propuso al opositor Carlos Mesa, el “candidato perdedor, que se sume a la auditoría” de los comicios del 20 de octubre que estará en manos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mesa, un centrista quien ya fue presidente entre el 2003 y el 2005, afirmó poco después que solo aceptará la auditoría “si (Morales) está dispuesto a no aceptar el resultado del Tribunal Supremo Electoral” mientras se realice el estudio y si le reconoce un “carácter vinculante”.

La respuesta llegó poco después a través del ministro de Cominicación, Manuel Canelas: "Nosotros nos sometemos a lo que concluya la auditoría".

La víspera, choques similares dejaron 40 heridos, varios de ellos de bala, en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, que lleva seis días de huelga en “defensa del voto y contra el fraude electoral”.

La Policía informó de una veintena de detenidos.

Mesa desafió el lunes al gobierno en una masiva concentración, especialmente de jóvenes universitarios, en un barrio acomodado de La Paz: “Aquí estoy, o voy a la cárcel o voy a la presidencia”.

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"Mañana (martes) estaremos en el paro aquí (en La Paz), en Santa Cruz, en Cochabamba y en todo el país. Aquí estamos, no nos rendimos", manifestó Mesa, de 66 años.

Los aliados de Morales dieron un plazo de 24 horas a los opositores para abandonar las protestas.

Los cortes de calles más drásticos son en la zona sur de La Paz, donde habita la clase media y alta, mayoritariamente contraria a Morales. Ahí también se exacerbó la pugna racial, en un país donde las familias más pobres son indígenas.

El líder derechista del comité cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aliado de Mesa, llamó también a continuar una huelga, con cortes viales y manifestaciones callejeras, que se inició el miércoles pasado.

Morales, de 60 años y en el poder desde el 2006, asegura que las protestas forman parte de un plan de “golpe de Estado” en su contra que, según afirmó el domingo, la oposición había decidido ejecutar como máximo este martes.

Polarización política

“El hecho más crítico es si estas históricas movilizaciones ciudadanas pueden sostenerse en el tiempo, lo que haría el país prácticamente ingobernable”, manifestó Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano y profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos.

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Agregó que “el progreso social y económico del país bajo la administración de Morales es innegable, pero no le da derecho a pasar por alto la Constitución y la decisión de sus ciudadanos. Y eso está alentando la ira en las calles”.

En tanto, el investigador y analista Roberto Laserna expresó que “las salidas legales parecen estar cerradas tras la finalización del polémico recuento de votos, pero queda una salida política en el marco de un acuerdo que todavía no vemos”.

Un corte en la trasmisión del conteo rápido que proyectaba una segunda vuelta entre Morales y Mesa al computarse el 85% de los votos y la reposición de la transmisión 24 horas después con una proyección diferente, que daba a Morales ganador en primera vuelta, desató las sospechas y críticas al cuestionado Tribunal Supremo Electoral, tildado de favorecer a Morales.

La Misión de Observadores de la OEA manifestó en un informe su “sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares... que modifica el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el sistema electoral”.