Washington. La expresión “cazarrecompensas” evoca imágenes de carteles de “Se busca” y vaqueros armados que perseguían fugitivos en el Salvaje Oeste, pero esta controvertida profesión está muy viva en el Estados Unidos moderno.
La industria, casi única de Estados Unidos, ha vuelto a ser objeto de atención esta semana después de que la Corte Suprema se negó a bloquear una ley de Texas que permite a los ciudadanos de a pie demandar a cualquiera que ayude a las mujeres a acceder al aborto.
Activistas y políticos han expresado su alarma por la ruptura del alto tribunal con 50 años de protecciones del acceso al aborto en todo el país.
“En efecto, (Texas) ha delegado en los ciudadanos del estado la tarea de cazar recompensas, ofreciéndoles premios en efectivo por perseguir civilmente los procedimientos médicos de sus vecinos”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en una mordaz disensión a la decisión del máximo tribunal.
Los activistas que temen que la reforma haga metástasis, vieron una señal cuando la campaña del Derecho a la Vida de Texas, que dispuso de líneas telefónicas de información para que la gente denuncie anónimamente a los infractores, indicó que esperaba “replicar este éxito en todo el país”.
Sus preocupaciones se confirmaron cuando la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, fue una de las primeras en sugerir que adoptaría la misma idea en su propio estado.
La caza de recompensas se extendió por todo el mundo desde la Edad Media, pero en la actualidad se encuentra casi exclusivamente en Estados Unidos y Filipinas.
Tristan Cabello, historiador especializado en la cultura y la política de Estados Unidos, declaró a la AFP que la caza de recompensas es una profesión “profundamente arraigada en la psique estadounidense (...) que apela a los ciudadanos más conservadores de Estados Unidos”.
La gran mayoría de los cazarrecompensas se ganan la vida acorralando a fugitivos a cambio de una parte de la fianza. Argumentan que prestan un servicio público sin generar gasto público.
‘Casi antiestadounidense’
Pero la ley del aborto de Texas ha reavivado el debate sobre un trabajo que puede desencadenar la existencia de personas que actúan como policías "freelance" y cuyos métodos suelen estar protegidos de la supervisión local.
El presidente Joe Biden dijo a periodistas en la Casa Blanca el viernes que la nueva norma de Texas era una ley de “justicieros” que “parece ridícula, casi antiestadounidense”.
En 2017, dos cazadores de recompensas murieron en un tiroteo en un concesionario de automóviles de Greenville, Texas, junto con el fugitivo para el que fueron contratados.
Ninguno de los dos llevaba chaleco antibalas y no habían llamado por teléfono para avisar del negocio que iban a ir.
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Es difícil encontrar cifras fiables sobre el número de cazarrecompensas en Estados Unidos, pero la organización Professional Bail Agents of the United States estima el número en 15.000, mientras que la National Association of Fugitive Recovery Agents afirma que el sector detiene a 30.000 fugitivos al año.
Los cazadores de recompensas, sus relaciones con la policía y las normas que siguen son una especie de zona gris, regulada por un mosaico de requisitos desconcertantes que varían mucho según el estado.
No existe una guía de cómo hacerlo y la mayor parte de la literatura sobre el tema se compone de las memorias autopromocionadas de sus practicantes más destacados, como la estrella de la telerrealidad estadounidense Duane Chapman, alias "Dog the Bounty Hunter", de 68 años.
Los derechos de los cazarrecompensas siguen estando definidos por una sentencia del Tribunal Supremo de 1872, según la cual los ciudadanos que persiguen a fugitivos no están sujetos a las normas constitucionales que se aplican a los "agentes estatales", como los policías.
Oportunidad para vecinos chismosos
En algunos estados casi no hay regulación. Otros permiten el uso "necesario" de la fuerza a los cazarrecompensas que conducen imponentes todoterrenos con las ventanillas tapadas y van armados hasta los dientes, con pistolas, porras, spray de pimienta y esposas.
En unos pocos estados existe una prohibición total o bien se exigen diversos niveles de experiencia y formación, así como la comprobación de antecedentes.
El exfiscal adjunto estadounidense Ken White, quien litigó en casos civiles y penales durante décadas, ve el peligro de la ley de Texas no en su tendencia a exponer a la gente a cazadores de recompensas imprudentes, sino en la oportunidad que presenta para que mojigatos chismosos acosen a sus vecinos.
"Puede que no consigan una condena, pero conseguirán que seas arrestado y detenido y hacerte pasar por el sistema y hacer de tu vida un infierno hasta que tu caso sea desestimado o seas absuelto", dijo.
"La ley está deliberadamente calculada para abrumar a cualquiera que la derecha piense que está relacionado con el aborto con un litigio caro y abrumador en el que el mero proceso es destructivo".
Michele Goodwin, de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine, dice que la disposición será especialmente dura para las mujeres negras, quienes en números desproporcionadamente altos son usuarias de los servicios de aborto.
"Ya han sufrido vigilancia policial, detenciones injustas, acusaciones y sentencias desiguales", dijo.
“Ahora, esto es una capa adicional (de desigualdad) en sus vidas”.