Madrid. La Abogacía General del Estado español, que representa los intereses de este, pidió este lunes a la mayor instancia judicial del país, el Tribunal Supremo, que autorice al independentista catalán Oriol Junqueras a salir temporalmente de prisión para asumir sus funciones de eurodiputado.
En su esperado informe, también pide al Tribunal Supremo solicitar “lo más rápidamente posible” ante el Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de Junqueras.
Ahora la cuestión está en saber si esta toma de posición favorecerá un acuerdo entre los socialistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), de Junqueras, que exigió un gesto político por parte de la Abogacía del Estado antes de decidirse a aportar su apoyo a la renovación de Sánchez en el poder.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), débil vencedor de las elecciones generales de noviembre, depende de ERC para permanecer al frente del gobierno.
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“Sabemos que no tenemos mayoría parlamentaria” y “pedimos a las demás fuerzas parlamentarias que se sumen al avance y no al bloqueo”, declaró Sánchez al presentar su programa de gobierno de coalición con la izquierda radical de Podemos.
Y "esperamos que más pronto que tarde podamos hacer realidad toda esa capacidad y voluntad de ideas y proyectos y de energías", añadió en referencia a un catálogo de medidas que incluye especialmente un alza del salario mínimo, una subida de impuestos para los más ricos o la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral de los conservadores.
Con 155 diputados en total, de 350 escaños en el Parlamento, los socialistas y Podemos necesitan el apoyo de otros partidos para que Sánchez pueda ser investido presidente.
El informe de la Abogacía del Estado tiene lugar tras una decisión, el 19 de diciembre, de la Justicia de la Unión Europea, que estimó que todos los diputados europeos estaban protegidos por una inmunidad desde el día de su elección.
Elegido el 26 de mayo al Parlamento Europeo, el exvicepresidente del gobierno catalán de Carles Puigdemont estaba en detención provisional en espera de juicio por intento de secesión de Cataluña en el 2017.
A mediados de octubre fue condenado a 13 años de prisión por sedición y desvío de fondos públicos.
El Tribunal Supremo (TS) español no lo había autorizado a salir de prisión para asumir sus funciones de eurodiputado, llevando a la defensa de Junqueras a presentar un recurso, pero había aceptado a cambio liberarlo en mayo para que pudiese asumir sus funciones de diputado español antes de ser finalmente suspendido por la cámara baja.
En favor de Junqueras
En su informe, la Abogacía General del Estado español pide al TS que acepte el recurso de Junqueras y lo autorice a salir de prisión para ir a presentar juramento como eurodiputado ante la comisión electoral central en Madrid, antes de ir a Bruselas para hacer las gestiones pertinentes.
“La Abogacía del Estado ha solicitado este lunes a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que estime el recurso de súplica interpuesto por la representación de Oriol Junqueras contra la decisión del alto tribunal de no concederle un permiso penitenciario extraordinario para tomar posesión como eurodiputado”, indico el texto.
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El informe pidió asimismo al TS “que haga posible al exvicepresidente catalán el ejercicio de su función representativa, mientras mantenga su estatus de eurodiputado”.
“Los servicios jurídicos del Estado instan también al Supremo a adoptar las medidas de aseguramiento que considere más adecuadas para garantizar la misión parlamentaria de Junqueras”, agregó el informe.
🔴¿Cómo afecta el informe de la Abogacía del Estado al futuro de Oriol Junqueras?
— En Jake (@enjakeETB) December 30, 2019
La última palabra la sigue teniendo el Tribunal Supremo, lo explicamos...#EnJake
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El Tribunal Supremo, que condenó a mediados de octubre a Junqueras y a otros ocho independentistas catalanes a penas de cárcel, tiene que presentar su decisión en los próximos días.
En su negociación con los socialistas para desatascar la investidura, ERC había puesto como condición sine qua non que el gobierno de Sánchez hiciera “un gesto” a favor de su líder encarcelado.
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