Lima. La Justicia peruana prohibió este sábado que el expresidente Alan García salga del país durante 18 meses, después de que la Fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por la cuestionada constructora brasileña Odebrecht.
"Dispóngase la medida de impedimento de salida del país en contra del investigado Alan García Pérez", dijo el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, de un tribunal especial anticorrupción, al acoger un pedido del fiscal José Domingo Pérez, en una audiencia a la que no asistió el exmandatario (no estaba obligado a comparecer).
El fiscal Pérez, especializado en delitos de corrupción, investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante el segundo mandato de García (2006-2011).
Pérez argumentó que García había buscado acelerar la licitación de las obras del metro, que la prohibición de salida del país era necesaria para asegurar que comparezca cuando sea citado a declarar pues reside parte del tiempo en España.
El defensor de García, Erasmo Reyna, no rebatió el pedido del fiscal, pero alegó que su cliente ha cooperado con la justicia, fue un "buen gobernante", "sobre todo en su segundo gobierno" (el primero, en 1985-1990, terminó con hiperinflación), y no podía conocer todas las actividades de Odebrecht.
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Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht, que admitió que pagó 29 millones de dólares en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.
El expresidente socialdemócrata, bajo investigación por este caso desde marzo de 2017, había respondido desafiante el jueves el pedido de la fiscalía, tildando de "imbéciles" a los investigadores.
Después moderó el tono y expresó su "allanamiento" (aceptación) de la prohibición de salida del país, lo que evitó que este sábado se prolongaran excesivamente los debates en la audiencia judicial.
“Ni me vendí ni nada pedí”, tuiteó poco antes de la audiencia García, de 69 años, quien es investigado por presunto “lavado de activos y colusión agravada” en perjuicio del Estado peruano. De ser llevado a juicio, arriesga una condena de 11 años de prisión.
Cuatro exmandatarios peruanos están bajo investigación por el caso Odebrecht y ahora tres de ellos tienen prohibición de salir de Perú y el cuarto escapó del país.
García estaba en España pero había llegado el jueves a Perú para declarar ante el fiscal Pérez, el mismo que pidió prisión preventiva por 36 meses para la líder opositora Keiko Fujimori.
La primogénita del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo partido domina el Congreso, está en prisión desde hace 17 días acusada de recibir aportes ilegales de Odebrecht en su campaña de 2011, lo que amenaza su aspiración de ser candidata presidencial por tercera vez en el 2021.
Diez asesores de Keiko, de los cuales cuatro están en prisión, enfrentan también la acusación de haber conformado una "organización criminal" enquistada en el partido fujimorista que recibía y encubría los aportes de la compañía brasileña.
El pedido del fiscal contra García coincidió con la difusión en la prensa de que el expresidente recibió un pago de $100.000 proveniente de la caja de fondos ilícitos de Odebrecht, por dictar una conferencia a empresarios brasileños en San Paulo en mayo del 2012.
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García negó que hubiese algo ilícito al percibir esos honorarios, argumentando que los había declarado y pagado los impuestos respectivos.
Por el caso Odebrecht también están bajo la lupa de la Fiscalía los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta un pedido de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), quien estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.
El partido Apra de García denunció una "persecución" política contra su líder, lo mismo que hizo el fujimorismo por la suerte de Keiko, pero estas afirmaciones fueron rechazadas el viernes por el presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado.
Cinco funcionarios del segundo gobierno de García están presos por los supuestos sobornos para adjudicar el contrato del metro a Odebrecht.