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La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, después de que fue liberada de prisión el 17 de octubre del 2018. (AFP)
Lima. La Justicia peruana envió el miércoles a prisión preventiva a la líder opositora Keiko Fujimori, acusada de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht, lo que amenaza su aspiración de ser, de nuevo, candidata presidencial en el 2021.
Al acoger un pedido de un fiscal anticorrupción, el juez Richard Concepción Carhuancho impuso prisión preventiva por 36 meses a la primogénita del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo partido (Fuerza Popular) controla el Congreso, pero ahora enfrenta una crisis interna que puede derivar en quiebre.
“La única medida necesaria en su caso es indudablemente la prisión preventiva”, pues ella ha interferido en los poderes del Estado, como el Congreso, y ha intentado obstruir la Justicia, arguyó el magistrado.
El juez dictó orden de detención inmediata contra Keiko, de 43 años, que abrazó a su marido, Mark Vito Villanella, a quien le corrían las lágrimas, antes de irse conducida por varios agentes de policía.
El magistrado indicó que existía la "sospecha grave" de que Keiko, de 43 años, dirigía una "organización criminal de facto que se ha enquistado dentro del partido" fujimorista, que blanqueaba dinero de origen ilícito.
La orden de prisión preventiva fue pedida por el fiscal José Domingo Pérez, que la acusa de recibir $1,2 millones aportados en forma ilegal por la cuestionada constructora brasileña para su campaña del 2011.
“A juicio de este despacho existe sospecha grave” de que Keiko lavó dinero, declaró Carhuancho, a quien la ahora detenida líder política de ancestros japoneses acusa de estar coludido con el fiscal Pérez.
Se da por descontado que la abogada de Keiko, Giuliana Loza, apelará esta decisión, para lo que tiene tres días de plazo.
El juez afirmó que esa "organización criminal" integrada por 13 personas tomaba todas las decisiones en el partido fujimorista, "por encima del comité político" y de la bancada parlamentaria.
La meta de la organización era "acceder al poder político y una vez en el poder cometer delitos de corrupción", expresó Carhuancho, quien ahora debe resolver pedidos de prisión para otros 10 imputados en la misma causa.
Carhuancho no debía pronunciarse sobre el fondo de la acusación, sino solo decidir si correspondía enviar a prisión preventiva a Keiko por riesgo de fuga u obstrucción a la Justicia.
La acusada, quien arriesga hasta 20 años de prisión en el juicio que debe enfrentar más adelante, manejaba autocráticamente al partido y dirigía desde las sombras al Congreso peruano, según revelaron los chats grupales de los líderes fujimoristas, filtrados por la prensa.
Keiko, quien vestía de negro, estuvo una semana detenida en forma "preliminar" por la misma causa a mediados de mes, igual que sus coacusados Pier Figari y Ana Herz.
El juez se tomó casi ocho horas en fundamentar su fallo, aduciendo que el Tribunal Constitucional fijó “un estándar mucho más exigente” para la prisión preventiva cuando en junio liberó al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine.
Los Humala eran los únicos políticos peruanos que, antes de Keiko, estuvieron presos (nueve meses) por el caso Odebrecht.
