Brasilia. Al cumplirse un año de que miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro asaltaran las sedes de los tres poderes en Brasilia, el juez de la corte suprema brasileña Gilmar Mendes defiende la responsabilidad política inequívoca del expresidente en los ataques.
“La responsabilidad política de Bolsonaro en los actos del 8 de enero es inequívoca”, dijo Mendes a la esta agencia durante una entrevista en su despacho en el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia.
El juez decano de la corte, de 67 años, mide al mismo tiempo sus palabras para referirse a la responsabilidad jurídica del ultraderechista, aspecto aún bajo juzgamiento.
Bolsonaro, inhabilitado políticamente por ocho años en junio pasado, es investigado en el STF como posible instigador y autor intelectual de los ataques a los edificios públicos, en un intento por derribar al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El expresidente, que se encontraba entonces en Estados Unidos, negó cualquier responsabilidad.
Pero Mendes aseguró que su gobierno (2019-2022) “incentivaba algún tipo de anarquía, especialmente entre las fuerzas policiales”.
“Creo inclusive que los militares no retiraron a los invasores (de los edificios) debido a un estímulo que existía por parte de la propia presidencia”, afirmó el magistrado, que ocupa una de las once sillas del pleno del supremo desde 2002.
“Fallas de evaluación”
El 8 de enero de 2023, una semana después de la asunción del izquierdista Lula tras derrotar por estrecho margen a Bolsonaro en las urnas, Mendes almorzaba en Lisboa con su amigo Nuno Piçarra, colega del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando fue sorprendido por noticias sobre los disturbios que crecían en Brasilia.
Furiosos y descreídos ante el resultado del balotaje presidencial, simpatizantes de Bolsonaro invadían las sedes del Congreso, la corte y la presidencia, rompían a su paso el mobiliario y clamaban por una intervención militar.
Inmediatamente, Mendes interrumpió la reunión, fue a su departamento y comenzó a enviar mensajes y hacer llamadas a tres personas: sus compañeros en la corte Alexandre de Moraes y Rosa Weber y el flamante ministro de Justicia de Lula, Flávio Dino.
“Nadie sabía bien la dimensión de lo que estaba pasando”, recordó el juez, que decidió regresar anticipadamente a Brasil.
“El sistema de inteligencia todavía estaba ocupado por personas que venían del gobierno anterior, no hubo un pasaje adecuado de informaciones, ciertamente hubo fallas de evaluación” para evitar las invasiones, consideró.
Los ataques, que muchos consideran el mayor desafío a la democracia brasileña desde la última dictadura (1964-1985), fueron el corolario de una “intimidación” que sufrió la justicia durante las presidenciales, dijo el juez.
Bolsonaro cuestionó sin pruebas durante la campaña la transparencia del sistema de urnas electrónicas en Brasil, actitud que le valió en junio su inhabilitación política.
El gobierno “sabía que el sistema era inmune al fraude, pero sufrimos una coacción, inclusive por parte del (entonces) ministro de Defensa (Paulo Sergio), que todas las mañanas escribía una carta sugiriendo alguna medida”, dijo el juez, unos de los pocos magistrados de la corte que mantuvo diálogo con el exmandatario durante su mandato.
Bolsonaro “quería un pretexto para anular las elecciones o eventualmente para permanecer en el poder”, aseguró.
Reformas necesarias
El STF fue uno de los principales blancos y objeto de agravios del ultraderechista, furioso por investigaciones en su contra, como por propagación de noticias falsas.
La imagen negativa de la corte entre quienes se declaran seguidores del expresidente perdura hasta hoy: la reprobación llega a un 65%, según la consultora Datafolha.
“Nuestra desaprobación es alta porque ellos (los bolsonaristas) dicen que impedimos que el gobierno gobernase”, dijo el juez.
Inclusive el 8 de enero de 2023, la sede del supremo fue el edificio más damnificado.
“Se depositó mucha más rabia y odio contra el STF. La propaganda fue efectiva”, dijo Mendes.
Hoy el STF desempeña un papel clave como tribunal donde son juzgados los responsables del 8/1.
De las 2.170 personas detenidas por esos actos, hasta ahora 30 fueron condenadas por delitos como golpe de Estado, con penas de hasta 17 años de cárcel. Un total de 66 continúan presas.
El magistrado aseguró que ahora “el sistema político está más alerta” para evitar eventos violentos de ese tipo.
Pero “tenemos ciertamente que hacer reformas sobre el papel de las fuerzas armadas y la politización que hubo, con la ocupación de cargos civiles por militares” bajo Bolsonaro, explicó.