El abogado, de 49 años y del tradicional Partido Nacional (PN, derecha), asumirá en una ceremonia sin dignatarios extranjeros y en un difícil clima de confrontación con la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura, que lo acusa de instalar una "dictadura militar".
La alianza, coordinada por el expresidente derrocado Manuel Zelaya, reclama la victoria de su candidato Salvador Nasralla, un presentador de televisión de 64 años, por lo que convocó a una ofensiva de protestas callejeras para “boicotear” la ceremonia de asunción.
La autoridad electoral declaró ganador a Hernández por menos de dos puntos porcentuales, tres semanas después de los comicios del 26 de noviembre.
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El resultado despertó dudas luego de que un primer corte dio una ventaja a Nasralla con 57% de los votos contados, pero el resultado se revirtió tras una serie de interrupciones en el sistema informático de cómputo del Tribunal Electoral.
El cambio en los resultados encendió las protestas de los opositores en el país, uno de los más pobres del continente. Más de 60% de los 8,7 millones de hondureños vive en la pobreza.
Durante varias semanas, opositores encendieron hogueras de neumáticos y palos y levantaron barricadas con rocas en las vías públicas de todo el país, generando una respuesta de militares y policías en choques que dejan más de 30 muertos, según organismos de derechos humanos.
Al menos dos instalaciones han sido preparadas para el traspaso de mando: un amurallado edificio recién construido del Banco Central de Honduras sobre el bulevar Fuerzas Armadas y el Estadio Nacional, en el centro de la ciudad, donde han asumido todos los presidentes desde 1982.
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A la hora de la ceremonia, Tegucigalpa estará sitiada con miles de policías y militares en vehículos blindados.
La Organización de Estados Americanos (OEA) había propuesto celebrar nuevas elecciones luego que una misión de sus observadores expresó sus dudas sobre el resultado de los comicios.
Sin embargo, el lunes pasado el organismo manifestó su “firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras”.
Nasralla aseguró que habló después con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y que este le expresó que “ellos persisten que hubo fraude e irregularidades” en la elección.
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La crisis es vista con preocupación en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), atrapado en la violencia delictiva de pandillas y narcotráfico, según analistas.
El politólogo independiente guatemalteco, Renso Rosal, dijo a la AFP que ve la crisis “con mucha preocupación desde una perspectiva regional”. A su juicio, “está claro que un elemento central (como detonante) fue la acción inconstitucional de la búsqueda de la reelección de Hernández”.
La constitucion hondureña de 1982 prohíbe la reelección presidencial, pero la Sala de lo Constitucional declaró inaplicable esa prohibición, a instancias de diputados allegados al presidente.
"En Honduras se vive una crisis política que organismos como la OEA y Estados Unidos no la miden con la misma vara que miden a Venezuela. El gobierno hondureño presenta signos de dictadura”, afirmó el analista político y profesor universitario salvadoreño, Juan Ramón Medrano.
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Estados Unidos fue de los primeros países que reconoció la victoria de Hernández, en medio del estallido de las protestas.
Alertó que “hay una oposición fuerte y bastante organizada que sigue en las calles (y) eso puede llevar a Honduras a una especie de guerra civil".
