Madrid. La jefa de los servicios secretos españoles, que admitió este jueves que independentistas catalanes fueron espiados por Madrid, corre peligro de convertirse en la cabeza de un escándalo de espionaje que ha puesto en peligro la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez.
Primera mujer al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y hasta ahora desconocida de la opinión pública, Paz Esteban fue interpelada este jueves durante cuatro horas en la comisión parlamentaria de “secretos oficiales”, a puerta cerrada.
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Según diputados que participaron en la audiencia, como la número dos del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, Esteban reconoció que los servicios secretos espiaron a varios independentistas, aunque siempre con autorización de la justicia.
La jefa del CNI precisó, según varios medios españoles, que fueron 18 los independentistas vigilados, entre ellos el actual presidente catalán, Pere Aragonés, una cifra muy inferior a los más de 60 separatistas identificados en un informe de la organización canadiense Citizen Lab.
Dicho informe del 18 de abril, según el cual los teléfonos de más de 60 personas de la órbita separatista fueron infectados entre el 2017 y el 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus, generó una crisis entre el ejecutivo y sus aliados independentistas catalanes, que acusan a los servicios secretos de estar detrás del seguimiento.
El asunto dio un vuelco sorpresivo el lunes, cuando el gobierno anunció que Pedro Sánchez y su ministra de Defensa, Margarita Robles, también fueron espiados mediante el mismo programa informático en mayo y junio del 2021. Blanco de los ataques de los aliados catalanes y vascos de Sánchez, la jefa del CNI, quien ocupa el cargo desde el 2020, no cuenta con un respaldo claro del gobierno.
Preguntada sobre una posible destitución de Paz Esteban, la vocera del gobierno, Isabel Rodríguez, se limitó a decir el martes que no podía “hablar de futuribles”.
La ministra de Defensa, debilitada
La ministra de Defensa, de cuyo despacho depende el CNI, ha sido el único miembro del ejecutivo que ha defendido sin cortapisas a Paz Esteban. Pero Robles está por igual en la mira de los independentistas catalanes, así como de la izquierda radical de Podemos, socio minoritario de los socialistas de Pedro Sánchez en el gobierno, una formación que pide su cabeza.
“Usted sabe lo que tiene que hacer, no solamente por su dignidad, sino también por la dignidad del gobierno”, le lanzó a Robles el miércoles en el Congreso Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Podemos. En un intento por apagar el incendio, Sánchez prometió la semana pasada “rendir cuentas” sobre el caso.
Pegasus, que permite acceder a los datos o activar remotamente las cámaras y micrófonos de un teléfono, y la compañía israelí que lo creó, NSO, han sido criticados después de que un grupo de medios revelara el año pasado que este software fue usado para espiar a centenares de políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y empresarios. Pedro Sánchez fue el primer jefe de Estado o de gobierno que confirmó haber sido espiado mediante Pegasus.
Interrogantes
Muy delicado políticamente, este escándalo de espionaje tiene el potencial de hacer descarrilar el gobierno de Sánchez. Los independentistas catalanes de ERC, cuyo apoyo en el Parlamento es clave para el gobierno minoritario de Sánchez, advirtieron el martes que esta crisis “se puede cargar (acabar con) la legislatura” antes de su fin, previsto para finales del 2023. El asunto del espionaje ha dejado numerosos interrogantes que a día de hoy siguen sin respuesta.
Si bien el gobierno asegura que el pirateo de los teléfonos de Sánchez y su ministra de Defensa fue producto de un “ataque externo”, ha dicho no conocer su origen, mientras la prensa española especula con que Marruecos, con quien Madrid acaba de cerrar una crisis diplomática de casi un año, podría estar detrás.
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Varios partidos políticos también han cuestionado el momento exacto en que el gobierno reveló el espionaje que sufrió, preguntándose si en realidad el ejecutivo sabía de estos ataques de antemano y decidió hacerlos públicos solo para calmar a los independentistas catalanes, mostrándose así como otra víctima de Pegasus.
El gobierno ha afirmado que solo supo de esto el fin de semana pasado. En 1995, un escándalo de escuchas telefónicas ilegales de los servicios de inteligencia acabó costándole el cargo a dos antecesores de Robles y Esteban, Julián García Vargas y Emilio Alonso Manglano, respectivamente, así como al vicepresidente del gobierno socialista de la época, Narcís Serra.