Caracas. Están a años luz de los buenos tiempos, pero las importaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos aumentan en Venezuela. “Enemigos” en las últimas dos décadas, los viejos socios vuelven a hacer negocios impulsados por el sector privado, pese al temor a sanciones.
“Venezuela estuvo desaparecida del mundo de la importación y el mundo de la exportación por un tiempo, pero está retornando”, dijo a la AFP Luis Vicente García, gerente general de la Cámara de Comercio Venezolano—Americana (Venancham). “Hay un punto de inflexión”.
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Las importaciones totales de alimentos e insumos agrícolas en Venezuela subieron a $2.400 millones en el 2021, 31,2% más que en el 2020, mientras el país caribeño frenó con un tímido crecimiento siete años consecutivos de recesión en los que el PIB cayó 80%.
Las compras a Estados Unidos llegaron a $634 millones, solo detrás de los $934 millones de las compras a Brasil, según un informe publicado en abril por el Departamento de Agricultura estadounidense.
Aunque lejos de los $1.400 millones anuales que se registraban entre el 2010 y el 2014, la cifra representa 44,8% más que el año anterior. Tocó piso en el 2017: $400 millones. Son principalmente productos como cereales, pastas, vegetales o frutas procesadas, pero también licores y alimentos para criar animales.
“Las oportunidades para que los exportadores estadounidenses de alimentos y productos agrícolas entren y se expandan en el mercado son cada vez mayores”, expresó el documento.
Las importaciones venezolanas, además, se vieron favorecidas por exenciones de aranceles a alimentos desde el 2018. El gobierno de Nicolás Maduro, en el pico de la crisis, culpó a las sanciones de la escasez de productos básicos que provocaba kilométricas filas en supermercados, denunciando “un bloqueo”.
Petróleo al margen
Estados Unidos no reconoció la reelección de Maduro en el 2018 y un año después lanzó una batería de sanciones contra el gobierno socialista para provocar su caída, incluido un embargo petrolero.
Antes, entre el 2017 y el 2018, las sanciones fueron individuales, con congelación de cuentas bancarias y prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de hacer negocios con decenas de funcionarios estatales.
El intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos bordeó $38.000 millones en 2008, según Venamcham, en tiempos en el país norteamericano era el mejor cliente del crudo venezolano. Fue de $1.955 millones en el 2021, pero la caída libre paró.
De hecho, Venamcham reporta que el intercambio sigue aumentando: trepó 27,72% en el primer trimestre del 2022 frente al mismo periodo del año anterior. La flexibilización de un férreo control de cambios es decisiva, así como el impulso al consumo que traen las remesas, que según estimaciones privadas oscilan entre $2.500 y $3.000 millones anuales, provenientes de millones de migrantes que huyeron de la crisis.
El gobierno, que prácticamente monopolizaba las importaciones alimenticias, abrió las puertas a privados por sus problemas de flujo de caja. “Quizás hace dos o tres años (el gobierno) le dice a la empresa privada: ahora tú eres el que vas a importar”, destacó García.
Y hay movimientos políticos: el 17 de mayo, la administración de Joe Biden anunció la flexibilización de ciertas sanciones para promover negociaciones entre Maduro y la oposición, suspendidas desde octubre pasado.
Las importaciones son vitales para Venezuela. La producción nacional cubre 50% del consumo de maíz blanco —base de la alimentación de los venezolanos— y 45% del de arroz, según la gremial de productores Fedeagro.
‘Sobrecumplimiento’
“Cuando vinieron las sanciones (...), hubo una reacción: yo no voy a participar en ese mercado”, recordó García. Y pese a que alimentos y medicinas están exceptuados de las sanciones, el miedo a represalias fue un obstáculo.
La banca era reflejo de esos temores. “El banco decía: ‘yo a Venezuela o a venezolanos no le voy a permitir esa transferencia’ (...). Hubo intervención del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, del Departamento del Tesoro o de la misma OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) para aclarar estos temas”, relató García. “Hay todavía casos de sobrecumplimiento, pero cada vez son menos”.
