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Managua. Al menos cuatro periodistas fueron asediados, amenazados y uno enviado a prisión preventiva este martes, como parte de las represalias que enfrenta la prensa crítica al gobierno de Daniel Ortega, informaron fuentes de los medios de comunicación.
El diario La Prensa denunció en su edición digital que un juez dictó prisión preventiva contra su editorialista, Luis Sánchez, por el delito de lesiones imprudentes en perjuicio de un motociclista, tras un accidente el sábado en la capital.
El rotativo dijo que Sánchez podría ser enjuiciado, pese a que la víctima había aceptado pactar con el periodista un arreglo extrajudicial, permitido por la ley."Es un accidente que lo quieren politizar", declaró la esposa del periodista, Hortensia Rivas.
En tanto, el periodista Carlos Maldonado denunció en su cuenta Twitter que “un grupo de hombres vestidos de negro estuvo apostado en la calle frente” a su condominio y que uno de ellos lo siguió hasta su trabajo y lo insultó.
Maldonado trabaja para la revista Confidencial, un medio crítico del gobierno enfocado en investigaciones, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, y escribe también para el periódico El País de España.
Por su parte, la periodista Cristal Jiménez del canal 12 (privado) informó de que fue amenazada por teléfono por un desconocido después de documentar una agresión contra la madre de un manifestante preso, escribió en Twiter.
Mientras que el propietario del Canal 100% Noticias (privado), el periodista Miguel Mora, dio a conocer que el vehículo en el que viajaba fue retenido el lunes por la Policía para una requisa cuando se dirigía a la estación televisiva, crítica del gobierno.
El sábado también fue detenido dos veces por la Policía junto con su esposa, la también periodista Verónica Chávez, ocasión en que dijo que un oficial lo amenazó de muerte.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha documentado más de 420 ataques contra la prensa que cubrió las protestas contra el gobierno, que estallaron el 18 de abril a causa de una fallida reforma al seguro social que luego desencadenó una demanda de salida del mandatario.
La Policía no se ha manifestado sobre estos incidentes.
El gobierno ha acusado en reiteradas ocasiones a los manifestantes opositores de participar en un fallido golpe de Estado y ha advertido de que pagarán por sus delitos.
Al menos 325 muertos y 600 detenidos dejó la represión contra las protestas, según grupos humanitarios, mientras que las autoridades reconocen 198 víctimas y 273 manifestantes presos.
