Empleados de los transportes públicos, estudiantes, policías, recolectores de basura, abogados, médicos, enfermeros, profesores, personal aéreo, entre otros sectores, se unirán al paro en contra de esta explosiva reforma que toca uno de los pilares del modelo francés.
Con este movimiento social, los sindicatos esperan que el Ejecutivo anule una reforma que prevé instaurar un sistema de jubilación universal por puntos, que se irán acumulando durante la vida laboral y se traducirán en un ingreso mensual al jubilarse.
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Este sistema único, que fue uno los ejes del programa electoral de Macron, remplazará los 42 regímenes especiales que coexisten actualmente en Francia tanto en el sector privado como en el público y en el que rigen reglas variables que afectan la edad de retiro o la cuantía de la prestación.
Para el gobierno, se trata de un sistema “más justo y más simple” en el que “cada euro cotizado dará los mismos derechos a todos”. No obstante, los sindicatos temen en cambio que el nuevo sistema atrase la jubilación, actualmente de 62 años, y disminuya el nivel de pensiones.
El gobierno se ha marcado el objetivo de presentar la reforma ante el Parlamento a inicios del 2020 para una entrada en vigor en el 2025.
Soluciones alternativas
Se estima que el impacto generado por esta huelga será muy similar a la del pasado 13 de setiembre, la primera gran movilización contra la reforma de Macron y la peor en el país en 12 años.
Los parisinos deberán buscar soluciones alternativas para ir a trabajar, como las bicicletas o los monopatines, ya que 11 de las 16 líneas del metro estarán completamente paralizadas y sólo circularán en promedio uno de cada tres autobuses.
Para quienes viven en los suburbios la situación se anuncia aún más complicada ya que los trenes de cercanía circularán a cuentagotas.
La compañía estatal de ferrocarriles SNCF ha cancelado 90% de sus trenes de alta velocidad TGV y 80% de sus trenes regionales. Los servicios internacionales como el Eurostar –que comunican París con Londres– y el Thalys –que unen París, Bélgica, Alemania y Holanda– estarán “fuertemente afectados”.
En cuanto al transporte aéreo, Air France ha anulado para el jueves 30% de sus vuelos domésticos y 15% de sus vuelos de mediano alcance medias, y la británica EasyJet 233 vuelos interiores y de mediano alcance.
Asimismo, muchos padres y madres deberán quedarse en casa ya que un gran número de escuelas y colegios en el país permanecerán cerrados y 55% de los docentes harán huelga.
Se prevén además concentraciones y paros en decenas de ciudades, coronados por dos manifestaciones previstas en París que convergerán en la Plaza de la Nación.
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El jefe de la Policía de París, Didier Lallement, adelantó que 6.000 efectivos de la Policía estarán desplegados para evitar choques entre miembros de la seguridad y manifestantes en la capital francesa.
El fantasma de 1995
El temor del gobierno es que el país quede bloqueado durante varias semanas, como ocurrió en 1995, cuando la ciudadanía torció el brazo del gobierno, que quería ya en ese entonces reformar el sistema de pensiones.
"El descontento social es ahora más fuerte que en 1995", según Bernard Thibault, exlíder de la CGT durante las protestas de hace 24 años.
El impacto económico de un día de huelga alcanzaría “unos 400 millones de euros ($440 millones)”, según François Asselin, presidente de la asociación de pequeñas y medianas empresas CPME.
Si persiste la huelga, “puede ser muy perjudicial, especialmente con la llegada de la Navidad”, advirtió, en declaraciones a la radio France Info.
Esta huelga plantea uno de los mayores desafíos hasta ahora para Emmanuel Macron, que en sus dos años y medio en el poder ha sido capaz de superar la oposición de las calles para imponer reformas como la del mercado laboral o la de la compañía de ferrocarriles públicos.
Sin embargo, esto fue antes de la llegada del movimiento popular de los “chalecos amarillos” hace un año, que con sus movilizaciones semanales para expresar el malestar social de los franceses pusieron en jaque al gobierno y a su ímpetu reformista.
Según un sondeo publicado el domingo, 74% de los ciudadanos están a favor de reformar el viejo sistema de pensiones francés, pero 64% no confía en el gobierno de Emmanuel Macron para llevarla a cabo.
