Nueva York. La justicia de Estados Unidos sentenció este miércoles al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de prisión, tras ser encontrado culpable de tráfico de drogas y armas el pasado 8 de marzo.
En una audiencia en Nueva York, el juez Kevin Castel condenó a Hernández, de 55 años, quien fue presidente en dos mandatos consecutivos de 2014 a 2022, a una multa de $8 millones y a 5 años de libertad vigilada cuando cumpla su condena.
La pena es superior al mínimo estipulado, 40 años por los tres cargos, pero inferior a la cadena perpetua que solicitó la fiscalía.
“El papel de Juan Orlando Hernández fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero”, afirmó el juez al leer la sentencia.
“Nadie está por encima de la ley, tampoco los presidentes”, dijo el fiscal Jacob Gutwilling.
“Soy inocente y fui acusado de forma injusta e indebida”, declaró el exmandatario, que llegó a la sala de audiencias caminando con un bastón debido a un accidente jugando fútbol, según su abogado.
Hernández escuchó de pie la sentencia del juez Castel, que fue muy duro en su argumentación, en una sala abarrotada de hondureños que se acercaron al tribunal del distrito sur de Manhattan para asistir a este día histórico.
Su abogado defensor, Renato Stabile, anunció al término de la audiencia que apelará la sentencia con el fin de “anular la condena” y “celebrar un nuevo juicio”, como reclamó infructuosamente hasta ahora.
‘Mal sabor de boca’
Para la activista hondureña de derechos humanos, Lida Perdomo, la sentencia deja “un mal sabor de boca”. Considera que es “poca” para este político “peligroso”, cuyas “estructuras criminales, tanto dentro del poder judicial, de la policía y los militares, siguen bastante vivas” en el país. Esperaba que le impusieran al menos dos cadenas perpetuas.
En su turno de palabra, Hernández arremetió contra la “justicia selectiva de los fiscales” que basó su acusación “en testimonios” de narcotraficantes interesados en obtener beneficios para su situación carcelaria y no presentaron “ninguna evidencia”.
“Apelo al sentido común: ellos (los narcotraficantes) que testificaron en el juicio van a salir libres y yo preso de por vida”, dijo, tras señalar que eso socava “la credibilidad del sistema judicial” estadounidense.
‘400 toneladas de cocaína’
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), Hernández llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico.
La fiscalía acusó a Hernández de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.
Entre 2004 y 2022, desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor en el mercado local de $10.000 millones, recordó Gutwilling.
A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio.
Otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de este, Geovany Fuentes, ya fueron condenados a cadena perpetua.
También en la misma causa, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como “El Tigre”, y el policía Mauricio Hernández Pineda, se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario.
Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico fueron extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.