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Buenos Aires. La expresidenta argentina y actual senadora, Cristina Fernández, fue procesada este lunes por el juez que lleva la megacausa de sobornos conocida como “cuadernos de la corrupción”, quien además ordenó su prisión preventiva, así como a una treintena de exfuncionarios y empresarios.
Fernández –quien suma con éste su quinto procesamiento en distintas causas– seguirá en libertad por sus fueros como senadora.
Pero tras considerar a la expresidenta "jefa de una asociación ilícita", según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez federal Claudio Bonadio "pidió su desafuero" al Senado.
En el fallo de 500 fojas, el magistrado procesó también con prisión preventiva a 17 exfuncionarios y 13 empresarios.
De este total, permanecerán en libertad por haber sido aceptados como "arrepentidos" al colaborar con la justicia cinco exfuncionarios y nueve empresarios, ente ellos Ángelo Calcaterra, un primo del presidente argentino, Mauricio Macri.
Otros siete empresarios, cuatro exfuncionarios y un exjuez fueron procesados sin prisión preventiva.
Bonadio embargó a todos los procesados por 4.000 millones de pesos ($100 millones).
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El juez investiga el pago de sobornos millonarios por parte de los más importantes empresarios argentinos para obtener contratos de construcción de obra pública entre el 2003 y el 2015.
En un extenso fallo de 500 fojas, Bonadio consideró que durante los gobiernos del ya fallecido Néstor Kirchner y su esposa y sucesora, Cristina Fernández funcionó en Argentina "una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado".
Según el juez, el objetivo era "distribuir coimas a funcionarios corruptos, a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones".
Caso de corrupción
La trama de sobornos fue destapada por una serie de detallados diarios que llevó un chofer del ministerio de Planificación y que terminaron en manos de la Justicia.
A esas anotaciones hechas en cuadernos escolares se han sumado las confesiones de una docena de implicados que se acogieron a la figura legal de "arrepentidos", la mayor parte empresarios, pero también exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas.
Hace tres semanas, el juez llevó a cabo allanamientos en las tres viviendas de Fernández, un departamento en Buenos Aires y dos casas en Río Gallegos y El Calafate, en la Patagonia al sur del país.
En el marco de esta investigación, la senadora fue indagada dos veces por el juez Bonadio. En ambos casos estuvo en el juzgado, pero presentó un escrito.
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La expresidenta, que rechaza las acusaciones y se considera una perseguida por la justicia, había recusado sin éxito al juez y al fiscal de la causa, Carlos Stornelli.
Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández, dijo que el juez "es inútil y arbitrario", en declaraciones al canal C5N.
La expresidenta y actual senadora es la principal dirigente de la oposición y pese a las denuncias de corrupción en su contra, conserva un núcleo duro que la apoya de alrededor de 30% de los argentinos, según encuestas.
Este lunes, en otra causa, la Justicia le denegó un pedido de postergación de audiencia y deberá presentarse el martes a indagatoria, citada por el juez Sebastián Casanello quien lleva adelante una causa por lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez, cercano a los Kirchner.
La expresidenta está investigada en siete causas por supuesta corrupción y por presunto encubrimiento a iraníes en la causa por el atentado a la mutual judía Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
