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Buenos Aires. Un juez citó a declarar a la expresidenta argentina Cristina Fernández y ordenó la detención de al menos 10 exfuncionarios y empresarios en el marco de una investigación por el presunto pago de sobornos por parte de compañías al ministerio a cargo de las obras públicas.
Fernández, en la actualidad senadora de la oposición, fue llamada a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadío el 13 de agosto bajo la sospecha de ser parte de una asociación ilícita que también integrarían el resto de los investigados, dijo el miércoles a Radio Mitre el fiscal Carlos Stornelli, quien interviene en la pesquisa.
Más de 10 exfuncionarios del Ministerio de Planificación y de la jefatura de Gabinete fueron detenidos la madrugada del miércoles y también tendrán que presentarse ante el magistrado en distintas fechas. Stornelli indicó que están previstos más arrestos pero no dio detalles.
La causa se basa en una investigación del diario local La Nación sobre al menos ocho cuadernos que supuestamente pertenecen al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos en los que ese empleado registró de forma manuscrita desde el 2005 y durante una década los días y horarios en los que varias empresas pagaron sobornos millonarios en dólares y los destinos de esas sumas.
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Entre los destinos mencionados del dinero está la residencia presidencial y un domicilio particular de Fernández y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) , que también aparece salpicado en la supuesta trama delictiva.
La exmandataria no ha hecho declaraciones sobre esta nueva causa en su contra.
Stornelli dijo que hasta ahora se ha reunido “prueba documental y testimonial suficiente para dar este paso y seguir escuchando explicaciones” . El funcionario no precisó el motivo por el cual habrían sido pagados los sobornos.
The Associated Press se comunicó con el juzgado de Bonadío, donde no quisieron dar información sobre la causa ni identificar a todos los investigados.
Según imágenes transmitidas por los canales de televisión, entre los detenidos está Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación de Planificación y mano derecha del exministro de Planificación Julio De Vido, detenido a su vez en el marco de otras causas de corrupción y considerado el funcionario más cercano a la pareja presidencial.
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Varios de los empresarios investigados serían directivos de importantes compañías constructoras y energéticas de Argentina.
Oscar Centeno es el dueño de los cuadernos comprometedores que de forma anónima llegaron a manos de un periodista de La Nación y cuyas copias fueron entregadas a la justicia. Según el diario, el chofer –también detenido– llegó a trasladar al menos unos 160 millones de dólares en un auto Toyota Corolla.
No es la primera vez que Fernández es llamada a indagatoria ya que es investigada por otros casos de supuesta corrupción. La senadora goza de fueros parlamentarios y tendrían que ser despojada de los mismos por el Congreso para ser detenida.
Fernández sostiene que Bonadío es un juez parcial que responde a los intereses del gobierno del presidente Mauricio Macri. El magistrado pidió en el 2017 el desafuero de la senadora con fines de detención en el marco de otra investigación, sin que hasta ahora el pedido haya sido tratado por los legisladores.
La exmandataria ha rechazado en reiteradas ocasiones las imputaciones en su contra.
