El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra diez funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro a los que Washington responsabiliza por irregularidades electorales, censura a la prensa y corrupción en la distribución de alimentos.
Este nuevo paquete de sanciones incluye a Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, los ministros Ernesto Villegas Poljak (Cultura), Freddy Bernal (Agricultura Urbana) y Jorge Márquez Monsalve (Despacho Presidencial), y al presidente de CANTV, Manuel Fernández, entre otros.
Entre los sancionados también se encuentran dos miembros del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández y Carlos Quintero; el actual embajador de Venezuela ante Italia, Julián Rodríguez; el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Elvis Hidrobo Amoroso, y el titular de la Misión Transporte, el general Carlos Osorio.
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Prácticamente ya todos los principales funcionarios del gobierno de Venezuela son objeto de sanciones por parte Washington.
En una nota oficial, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, apuntó que "mientras el gobierno de Venezuela siga ignorando el deseo de su pueblo, nuestro mensaje es claro: Estados Unidos no permanecerá de brazos cruzados".
Por ello, apuntó Mnuchin, el gobierno estadounidense mantendrá sus "vigorosos esfuerzos para sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela que son cómplices" del presidente Nicolás Maduro.
Otras medidas
Estados Unidos aplicó este año un extenso paquete de sanciones a altos funcionarios venezolanos.
No obstante, la medida de efecto más devastador fue adoptada el 25 de agosto, cuando mediante un decreto firmado por el presidente Donald Trump se prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses transar nuevos bonos soberanos y de la estatal petrolera PDVSA.
El viernes, el gobierno de Venezuela citó a sus acreedores para el lunes 13 en Caracas a fin de iniciar una renegociación de la deuda del país.
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Esas sanciones en la práctica bloquearon la posibilidad de inversiones extranjeras directas en Venezuela y al mismo tiempo cierran el camino al gobierno de Caracas para obtener el tan necesitado financiamiento externo.
Con limitada capacidad para obtener nuevas líneas de crédito, las reservas internacionales del país se redujeron drásticamente y con ello su capacidad de pago, empujando de esa forma a la economía venezolana en dirección a un default.
Tres agencias de calificación de riesgo –Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s– ya rebajaron sus notas de la deuda de la estatal petrolera PDVSA por considerar que una situación de cese de pagos es prácticamente inminente.
El empeño del gobierno venezolano de negociar una reestructuración de la deuda encontró apoyo en Rusia, uno de los acreedores de Caracas, ya que Moscú aceptó discutir una renegociación de los vencimientos con su principal asociado en América Latina.
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Sin embargo, China, otro importante acreedor, por el momento ha mantenido el suspenso sobre su posición.
De cualquier forma, la deuda acumulada de Rusia y China representa aproximadamente un tercio del total de la deuda venezolana.
Según el gobierno venezolano, desde el 2014 el país canceló $71.700 millones de capital e intereses de deuda.
Empero, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, adelantó que no reconocerá una reestructuración que no se someta a su aprobación, a pesar que la justicia local ha anulado sus poderes.
