Gobierno impide salida del líder opositor Henrique Capriles

 18 mayo
Los manifestantes que pretendían llegar este jueves al Ministerio del Interior, en Caracas, fueron repelidos con gases lacrimógenos.
Los manifestantes que pretendían llegar este jueves al Ministerio del Interior, en Caracas, fueron repelidos con gases lacrimógenos.

Caracas y Washington

Preocupado por la posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro esté llevando a Venezuela a un régimen autoritario unipartidista, el Gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que impuso sanciones contra ocho miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país suramericano, a quienes acusó de abuso de poder y de dañar el tejido democrático del país.

Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro son contra Maikel Moreno, presidente del TSJ, y los siete magistrados que firmaron en marzo un fallo que despojaba a la Asamblea Nacional de los pocos poderes que le quedaban.

Dicho fallo fue revertido parcialmente poco después ante las críticas de la comunidad internacional, pero detonó un movimiento de protesta que ha continuado durante casi dos meses y ha causado la muerte de 45 personas.

La medida ordena la congelación de bienes en Estados Unidos de los ocho jueces, que "son responsables de un número de decisiones judiciales en el último año que han usurpado la autoridad" de la Asamblea Nacional, anunció el Tesoro en una nota.

"El pueblo venezolano está sufriendo de un colapso económico causado por la mala administración y la corrupción del gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia del país han exacerbado la situación al interferir continuamente con la autoridad del poder legislativo" , dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

"Al imponer estas sanciones específicas, Estados Unidos apoya al pueblo venezolano" en su empeño por proteger y hacer progresar la gobernabilidad democrática en su país".

Es la segunda vez que el gobierno de Trump congela activos de altos funcionarios venezolanos y prohíbe a los estadounidenses hacer tratos comerciales con ellos. En febrero, Washington ordenó sanciones contra el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien acusó de tener un papel relevante en el narcotráfico internacional.

Previamente, el jueves, Trump expresó consternación por los problemas que aquejan a Venezuela y se preguntó en voz alta cómo era posible que una nación con unas de las reservas petroleras más grandes del mundo sufra tanta pobreza y agitación social.

"Tienes que preguntarte por qué está pasando esto. ¿Cómo es posible? Con suerte cambiaremos esto y podrán aprovechar mejor estos activos. Porque por ahora, lo que está pasando es una vergüenza para la humanidad", manifestó después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

El Tribunal Supremo de Venezuela está conformado desde hace tiempo por personas afines al gobierno, y algunas de ellas con competencias jurídicas dudosas.

Moreno ganó notoriedad como abogado cuando defendió a un grupo de partidarios del presidente Hugo Chávez que dispararon contra una multitud en un intento de golpe en el 2002.

Otro magistrado sancionado, Calixto Ortega, es un diplomático veterano que fue enviado por Maduro en el 2014 a Aruba para negociar la liberación de un general retirado que había sido arrestado por Holanda a petición de Estados Unidos. Holanda se encarga de las relaciones internacionales de la isla caribeña.

Las fuerzas policiales impidieron el jueves a los manifestantes de oposición acercarse a la sede del Ministerio del Interior en Caracas.
Las fuerzas policiales impidieron el jueves a los manifestantes de oposición acercarse a la sede del Ministerio del Interior en Caracas.

Bloqueo a opositor. El país suramericano vivió el jueves otro día de tensión política con enfrentamientos entre manifestantes opositores y fuerzas policiales que los repelieron con gases lacrimógenos en su intento por llegar a la sede del Ministerio del Interior, en Caracas.

Además, el gobierno impidió viajar este jueves al líder opositor Henrique Capriles, quien iba a denunciar en Nueva York ante el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Husein, la "represión" en las protestas, que dejan 45 muertos desde 1.° de abril, según el último balance dado por la Fiscalía.

Tras salir del aeropuerto, Capriles, quien afirmó que su pasaporte fue "anulado", se sumó a aquella marcha.

Desde tanquetas blindadas, militares y policías lanzaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes, algunos de los cuales, encapuchados, con escudos improvisados y máscaras antigases, les respondieron con cocteles molotov y piedras.

Aunque la violencia aumenta, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció en rueda de prensa que el sábado harán una gran movilización en todo el país. El viernes realizarán asambleas ciudadanas.

"Nos reprimen inútilmente, la gente va a seguir resistiendo (...) hasta vencer a la dictadura", dijo en la marcha el vicepresidente del legislativo Freddy Guevara, con un casco pintado con los colores de Venezuela .

El gobierno y la oposición se responsabilizan mutuamente de la violencia, mientras que la Fiscalía investiga las muertes, por las cuales ha señalado a grupos armados no identificados, y ha imputado a algunos civiles, policías y militares.

"Cada vez que es asesinado un venezolano más, más gente saldrá a luchar", aseguró el diputado Juan Andrés Mejía, en la rueda de prensa de la MUD.

La oposición venezolana responsabiliza directamente al ministro del Interior, Néstor Reverol, un prominente general también sancionado por Estados Unidos por narcotráfico, de liderar lo que llaman una "brutal represión".

El gobierno acusa a la oposición de "terrorismo" y de apelar a la "insurgencia armada" para derrocarlo con la ayuda de Washington.

La tensión aumentó luego de que Maduro dispuso el miércoles enviar 2.600 militares al estado de Táchira (frontera oeste con Colombia), donde desde el lunes se registran saqueos y disturbios. Unos 500 efectivos ya habían llegado a la zona.

Las protestas estallaron justamente luego de que el TSJ asumióa temporalmente las funciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición.

Pero la convocatoria por parte del gobierno de una Asamblea Constituyente caldeó aún más los ánimos de la oposición, que acusa a Maduro de buscar con ello evitar elecciones generales para perpetuarse en el poder.