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Caracas
El máximo tribunal de Venezuela dio marcha atrás este sábado a adjudicarse las facultades del Parlamento dominado por la oposición, luego de que la medida desaó divisiones dentro del chavismo y fuertes críticas por parte de la comunidad internacional.
Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "suprimió" partes de dos sentencias, incluido un punto que confería amplios poderes al presidente Nicolás Maduro. El gobernante había sido autorizado para revisar la legislación sobre delincuencia organizada y terrorismo.
La decisión resultó de un acuerdo entre los representantes de los poderes públicos -excepto el Legislativo- convocados por el mandatario para zanjar diferencias horas después de que la fiscala general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunció el viernes que los dictámenes del TSJ suponían una "ruptura del orden constitucional".
Sin embargo el acuerdo no convenció a la oposición.
"No ha habido cambio, el golpe de Estado continúa", dijo el presidente de la Asamblea, el opositor Julio Borges.
"La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que no se corrige tachando un párrafo", subrayó durante una concentración de opositores en Caracas.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, negó -por su parte- que los pronunciamientos hayan "despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado".
En un comunicado leído ante representantes del cuerpo diplomático, Moreno sostuvo además que el TSJ "reconoce la inmunidad parlamentaria como garantía de la actividad legislativa, con las limitaciones" que fija la Constitución.
El martes, el TSJ ya había asestado un golpe a la Asamblea al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
El TSJ declaró en desacato al Poder Legislativo en enero del 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores acusados de fraude electoral.
Oposición sigue presionando. Fortalecida por la presión internacional sobre el gobierno, la oposición reactivó este sábado sus manifestaciones.
Un millar de personas asistieron a una sesión parlamentaria de la mayoría opositora en una plaza de Caracas, donde exigieron comicios generales ante el colapso económico.
"Elecciones generales, nada de diálogo. Ellos violaron la Constitución tratando de anular el Parlamento y ahora se echan para atrás, pero seguimos en dictadura", manifestó Eugenia Salazar, jubilada de 67 años.
Los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos cuando intentaron llegar a la Defensoría del Pueblo para pedir a ese organismo unirse al pronunciamiento de la fiscala.
Venezuela también atraviesa por una grave crisis económica, con escasez de bienes básicos y una inflación que el FMI proyecta en 1.660% al cierre de 2017.
El país sufre además elevadísimos índices de criminalidad, con una tasa de homicidios de 70,1 por cada 100.000 habitantes, según la Fiscalía, casi ocho veces más que la media mundial.
Aludiendo a las críticas de varios gobiernos, Maduro lanzó el viernes una dura advertencia a la oposición.
"Que nadie esté aprovechando esta circunstancia para aventuras, porque la voluntad para enfrentar aventuras golpistas es absoluta y yo llamaría al pueblo a la calle", desafió el presidente, cuya gestión rechazan siete de cada 10 venezolanos, según encuestas.
Maduro denuncia un plan liderado por Estados Unidos y gobiernos de derecha, por medio de la Organización de Estados Americanos (OEA), para derrocarlo.
Pese a ello, reiteró que está dispuesto a reactivar el diálogo que sus adversarios congelaron en diciembre pasado.
Un grupo de 13 países presentó un proyecto de resolución para ser debatido el lunes en el Consejo Permanente de la OEA, a fin de declarar que los fallos del TSJ como "una violación del orden constitucional".
Rechazo en el exterior. Las decisiones del TSJ generaron una avalancha de críticas de la comunidad internacional.
En uno de los más duros pronunciamientos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció un "autogolpe de Estado".
Pero Maduro respondió el viernes que "en Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos", y se dijo víctima de un "linchamiento diplomático".
Mientras tanto, los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) exhortaron el sábado a a Venezuela a garantizar la separación de poderes y a respetar el cronograma electoral previsto, y expresaron su anhelo de llegar a "una solución positiva y democrática" en el país caribeño, en una declaración emitida en Buenos Aires.
Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay aprobaron el documento "teniendo en cuenta la ruptura del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela", país al que reclamaron tomar medidas "concretas y concertadas con la oposición para asegurar la efectiva división de poderes".
Instaron además al gobierno de Nicolás Maduro a "respetar el cronograma electoral", "garantizar el pleno goce de los derechos humanos, las garantías individuales", y a "liberar a los presos políticos".
