Congreso peruano cita a esposa y cuñada de Castillo por presuntamente ofrecer obras
El presidente está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación, bajo la presunción de cometer los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada
Peru's President-elect Pedro Castillo (C) leaves the Foreign Affairs Minister at Torre Tagle Palace next to his wife Lilia Paredes, before the inauguration ceremony in Lima, on July 28, 2021. - Rural school teacher Pedro Castillo swears in as Peru's president Wednesday with no ties to the elites that have governed the Andean country for decades, and a full inbox: tame the coronavirus epidemic, reactivate a flagging economy, and put paid to years of political turmoil. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) ERNESTO BENAVIDES
Lima. La Comisión de Fiscalización del Congreso peruano citó para el próximo 13 de julio a la primera dama, Lilia Paredes, y a su hermana Yenifer Paredes tras la difusión de un video en el cual, la cuñada del presidente Pedro Castillo supuestamente ofrece una obra de saneamiento en Cajamarca, la región oriunda del mandatario.
El presidente del grupo de trabajo legislativo, el fujimorista Héctor Ventura, remitió este martes un oficio a la esposa y cuñada de Castillo para invitarlas a una sesión parlamentaria en la que “se servirá informar a la Comisión respecto a la denuncia formulada por el programa periodístico Cuarto Poder”.
El domingo pasado, el programa de la cadena América Televisión, difundió unas imágenes en las que la hermana de la primera dama, quien fue criada como una hija por la pareja presidencial, dialogaba con los pobladores de una comunidad del distrito de Chota, en Cajamarca, para informarles que necesitaba censarlos para construir una obra de saneamiento.
En la carta, Ventura recordó que la cuñada de Castillo, supuestamente acompañada de su hermana, apareció en el video junto a Hugo Espino, quien es el representante legal de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., que en setiembre de 2021 ganó una licitación con el Estado por más de 3,8 millones de soles (casi un millón de dólares).
Tras esta denuncia periodística, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Yenifer Paredes, mientras que las dos implicadas deberán acudir ante la comisión legislativa para brindar sus descargos sobre el caso. “La primera dama tendrá que responder qué tipo de reuniones, gestiones y temas trataron con el empresario Espino, quien ha visitado el Palacio de Gobierno hasta en cinco oportunidades”, dijo Ventura en declaraciones a la prensa.
El legislador, quien dijo que para el 13 de julio también citará al dueño de JJM Espino, aseguró estar ante nuevas evidencias de posibles actos irregulares y consideró que la difusión del informe periodístico evidencia que hay una relación cercana entre el empresario y Yenifer Paredes, quien se mostró en las imágenes con indumentaria de la empresa.
El presidente está siendo investigado de manera preliminar por la Fiscalía de la Nación, bajo la presunción de cometer los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. FOTO: (ERNESTO BENAVIDES/AFP)
El grupo legislativo que lidera Ventura aprobó el último jueves un informe que acusa a Castillo de dirigir una presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que también se hay otros personajes vinculados con su gestión, actualmente prófugos de la Justicia.
El expediente, que plantea acusar constitucionalmente al jefe de Estado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, será votado por el pleno del Congreso en una fecha aún no definida aunque, con los votos a favor de la oposición, todo apunta a que recibirá luz verde.
Castillo, quien niega tajantemente las acusaciones en su contra, está siendo investigado de manera preliminar por el mismo caso por la Fiscalía de la Nación, bajo la presunción de cometer los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
De acuerdo con la premisa fiscal, el gobernante encabezó la red criminal que supuestamente operó desde el Ministerio de Transportes para adjudicar obras del Estado a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y nombrar a funcionarios afines a esa tarea.
