Vigente desde hace cuatro años, el estado de excepción es la piedra angular de la guerra antipandillas de Bukele, que redujo la criminalidad a mínimos históricos en El Salvador.
Desde entonces han sido arrestadas más de 93.000 personas, de las cuales casi 90% están encarceladas sin haber sido enjuiciadas, admitió recientemente la fiscalía.
El abogado de la oenegé Cristosal, David Morales, afirmó durante la audiencia que se han documentado al menos 454 muertes bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción.
Según esos registros, 78% de los fallecidos no tenía vínculos con pandillas y en 87 casos había señales de violencia. Morales advirtió además de “posibles ejecuciones extrajudiciales”.
A la sesión no acudió ningún representante del gobierno salvadoreño. “Su presencia habría permitido escuchar directamente sus explicaciones, conocer información oficial y enriquecer el diálogo” lamentó el presidente de la CIDH, Stuardo Ralón.
“La seguridad y los derechos humanos no son objetivos contrapuestos”, añadió.
Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, que contabiliza 582 presos muertos bajo el estado de excepción, declaró a la AFP que en los penales destinados a supuestos pandilleros “lo primero que se hace es recibirlos con una golpiza”.
Además, “hay violaciones sexuales, negación de tratamiento médico, alimentación e hidratación”, agregó Escobar, quien denuncia la muerte de un hermano suyo tras ser detenido por una supuesta infracción menor.
Un grupo de expertos de la ONU asegura que en El Salvador se han cometido “crímenes de lesa humanidad” bajo el régimen de excepción, que autoriza detenciones sin orden judicial.
Recientemente, Bukele reveló un plan de excarcelación anticipada que beneficiaría a unas 5.000 personas señaladas de colaborar ocasionalmente con bandas criminales.
Sostuvo que los posibles beneficiarios recibirían medidas de libertad según su grado de participación en actividades delictivas e insistió en que son culpables de delitos, aunque estos sean menores.
Sin embargo, el relator de la CIDH para El Salvador, Riyad Insanally, advirtió en la audiencia sobre el riesgo de que personas inocentes se declaren culpables para acceder a los beneficios planteados por el mandatario.
