Nicaragua, gobernada con mano de hierro por Daniel Ortega y Rosario Murillo, endureció el control sobre la sociedad tras las protestas de 2018, que dejaron unos 300 muertos según la ONU, y recientemente aprobó una reforma que impide la participación electoral de partidos adversos al gobierno.
La medida llevó a Washington a promover una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, de la cual Nicaragua se retiró en noviembre de 2023 en medio de las presiones diplomáticas por la deriva autoritaria del país.
El Consejo Permanente de la OEA, el órgano ejecutivo del bloque regional, que actualmente tiene 32 miembros en activo, se reúne informalmente este miércoles para debatir un borrador de resolución de cara a la cita del viernes.
La OEA no tiene facultades para imponer sanciones. Solo puede instar a los países a tomar medidas individuales contra lo que considera desviaciones de la norma democrática.
Estados Unidos, Argentina y otros países aliados que presentaron el borrador inicial de resolución ven la situación en Nicaragua como una “amenaza para la estabilidad y la seguridad del hemisferio”. Otras delegaciones prefieren omitir esos términos.
La represión política en Nicaragua tiene “repercusiones en materia de seguridad que tienen que ver con el crimen transnacional o la persecución de exiliados nicaragüenses en países vecinos, pero no podemos caracterizar esto como una amenaza a la paz y la seguridad”, explicó una fuente diplomática cercana a las discusiones.
“Esto es algo muy complicado, porque una vez que se define de esa manera, se está invitando al uso de la fuerza militar contra la amenaza”, objetó.
Washington presiona para que la OEA nombre a un grupo reducido de cancilleres para negociar con Managua, y reportar de nuevo a la organización “en un plazo de 45 días”, según el borrador.
Un grupo de personalidades independientes sería más adecuado, según una fuente consultada por la AFP.
“Aumentaríamos las probabilidades y daríamos la señal de que la OEA está dispuesta a hacer algo más constructivo, y no solo apoyar la doctrina Donroe”, explicó esa fuente.
Países como Brasil o México han criticado la denominada “doctrina Donroe”, una expresión que acuñó el presidente estadounidense Donald Trump mediante un juego de palabras entre su apellido y el de su homólogo James Monroe (1817-1825), que consolidó la influencia de Estados Unidos en la región.
Según sus críticos, la “doctrina Donroe” preconiza la hegemonía de Washington, que se arroga el papel de vigilante del estado de la democracia en las Américas.
Otra fuente diplomática del Consejo Permanente recordó que la intervención de personalidades “ya se intentó en el pasado con Venezuela”, sin éxito.
