La “reunión de consulta”, un instrumento poco común en la OEA, servirá para examinar “las acciones apropiadas” contra Nicaragua, según la resolución aprobada por consenso por el Consejo Permanente de la organización.
Nicaragua está gobernada con mano de hierro por una pareja presidencial, el exguerrillero izquierdista Daniel Ortega (80 años) y su esposa Rosario Murillo.
Ese fuerte control sobre la sociedad aumentó tras las protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, según la ONU.
Debido a la represión desatada tras las movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron y la oposición es prácticamente nula en el país, donde acaba de aprobarse una reforma que prohíbe la participación electoral de los partidos adversos al gobierno.
Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual ha sido reelegido tres veces en cuestionados comicios.
En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó ampliamente sin rivales.
Tras una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murilo a copresidenta, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en 2027.
Pero Ortega anunció recientemente que “en Nicaragua no volverá a haber elecciones” en las que “partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos)” puedan tomar el poder.
El parlamento nicaragüense ratificó esa medida.
La presión de Estados Unidos
La última vez que la OEA (34 países miembros activos) celebró una reunión de ministros de Relaciones Exteriores fue en 2019, para examinar la situación en Venezuela.
Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023, precisamente por la presión diplomática de los países miembros.
La OEA como tal no tiene poder para imponer sanciones, sino que deben ser aplicadas por cada país individualmente.
Estados Unidos decidió tomar el timón de la presión internacional, con una serie de sanciones sobre Ortega, Murillo, familiares suyos y la plana mayor del gobierno nicaragüense.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, calificó recientemente de “absolutamente inaceptable” la situación en el país centroamericano, señalado por la ONU y por organizaciones internacionales por las repetidas violaciones de los derechos humanos.
Ramdin abogó por “acordar colectivamente un conjunto de medidas para ejercer más presión (...), de modo que podamos iniciar un proceso de diálogo. No sé aún en qué forma, ni quién lo encabezaría: podría ser un grupo de Estados miembros”, sugirió en entrevista con periodistas.
Más allá de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, Washington urge a los países miembros a actuar colectivamente como parte de una nueva visión para la OEA, una organización que el nuevo gobierno de Donald Trump ha criticado por su supuesta inoperancia.
El gobierno de Trump resucitó la doctrina Monroe y proclamó su derecho a intervenir en la región cuando considere que sus intereses están en peligro, o que algún país está sometido a una influencia excesiva de un país ajeno al hemisferio.
La presencia china en Nicaragua ha sido denunciada repetidamente por el Departamento de Estado.
