Buenos Aires. Días atrás, varias doctoras con batas blancas sostenían pequeños muñecos con forma de fetos mientras cantaban: “Senadores, a ver si lo entendemos... Acá en Argentina salvamos las dos vidas”.
Las mujeres integran un grupo de 300 médicos que se manifestaron en Buenos Aires contra el proyecto de ley para legalizar y despenalizar el aborto que se encamina a ser debatido por el Senado y cuya aprobación sería un hito del movimiento feminista en la patria del papa Francisco.
“No cuenten conmigo”, “Soy médico, no asesino”, decían algunos carteles de manifestantes con prendas celestes, color con el que se identifican los antiabortistas.
Los galenos desplegaron sus batas sobre la plaza donde está la casa de gobierno hasta formar las siglas MxV (Médicos por la Vida), un colectivo integrado por unos 1.000 profesionales de la salud organizados en redes sociales que junto al Papa y la Iglesia católica han rechazado la iniciativa que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, aprobada por los diputados el 14 de junio.
Hasta ahora solo está permitido el aborto en caso de violación y riesgo para la vida o salud de la madre. Sin embargo, el primero no se cumple en todas las provincias, lo que ha provocado quejas de sindicatos de profesionales de la salud. Según la normativa actual, las argentinas se exponen a penas de hasta cuatro años de cárcel por abortar y se castiga del mismo modo a los médicos que practican esa intervención.
Médicos a la defensiva
Ahora que la tendencia del voto para la sesión prevista en el Senado del 8 de agosto parece reñida, cientos de médicos e instituciones privadas redoblaron su oposición al proyecto por considerar que no garantiza suficientemente el derecho a la objeción de conciencia, expone a los facultativos a penas de cárcel y abre las puertas al aborto sin límite, ya que lo acepta después de las 14 semanas de gestación en caso de violación o si la vida o salud de la mujer estuviera en riesgo.
Algunos senadores intentaron apaciguar a los médicos introduciendo el miércoles cambios al proyecto. Un grupo de senadores de distintas fuerzas que defienden el aborto buscarán que el 8 de agosto se sometan a votación algunas modificaciones a la iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados, como permitir la objeción de conciencia institucional, reducir el límite para la realización del aborto de las 14 a las 12 semanas y eliminar las penas para los médicos.
La posibilidad de ejercer la objeción de conciencia institucional es uno de los reclamos más escuchados entre los galenos.
“La defensa de la vida está en los cimientos de nuestra institución... Vemos que cada vez son más los médicos que se suman”, afirmó a The Associated Press Ernesto Beruti, jefe del servicio de obstetricia del Hospital Universitario Austral.
Aunque la oposición más férrea proviene del sector privado, médicos del sistema público también expresan su preocupación y agregan que el proyecto no contempla la limitación de recursos humanos y financieros. La resistencia es tal que algunos doctores están dispuestos a saltarse la ley en caso de ser aprobada y pronostican demandas ante la Justicia para frenar su aplicación.
“¿Hasta dónde queremos llegar? Hasta la cárcel... Por más que salga la ley, yo no voy a eliminar la vida de un ser humano” , enfatizó Beruti.
El Hospital Austral, de orientación católica, está entre los más de 300 centros médicos privados, de diagnóstico y ambulatorios que expresaron su desacuerdo con varios puntos de la iniciativa, incluido aquel que prohíbe la objeción de conciencia institucional.
A pesar de esto, la mayoría de los sondeos son favorables a la iniciativa que ha llegado por primera vez al Congreso gracias al impulso de unas 500 organizaciones sociales y políticas feministas. Durante su debate fue respaldada por organismos de derechos humanos -como Human Rights Watch y Amnistía Internacional- y figuras literarias como la feminista Margaret Atwood, quien mantuvo un ríspido contrapunto en las redes sociales con la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, una vehemente antiabortista.
Pero los médicos conservadores argumentan que contiene aspectos que los perjudica, por ejemplo, la prohibición expresa de la objeción de conciencia institucional y el hecho de que la objeción de conciencia individual -que sí permite el proyecto- deba expresarse por escrito en un registro al que tendrán acceso las autoridades de salud. Ello, afirman, funcionaría como una “ lista negra ” que los discriminaría al competir por puestos en otros centros de salud.
En Uruguay, donde el aborto es legal, los doctores deben hacer saber a las autoridades del centro de salud donde trabajan su deseo de abstenerse de la práctica sin anotarse en un registro.
Otro de los puntos rechazados es el que establece que en caso de que sea necesario llevar a la embarazada a otro establecimiento para realizar un aborto, este debe efectuarse en cinco días desde su requerimiento, siendo responsable de su realización el centro que la derive. Así, el proyecto contempla prisión de hasta un año e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena para la autoridad del centro o el galeno que dilate, obstaculice o se niegue a realizar la intervención.
“Los médicos no podemos trabajar bajo amenaza de cárcel” , dijo ante comisiones del Senado donde expusieron diferentes expertos la doctora María de los Ángeles Carmona, jefa del servicio de Ginecología del Hospital Eva Perón (estatal ) y representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires.
Polarización
El acalorado debate ha llevado a algunos a sostener que aprobar la ley permitiría que en democracia se legalice “la desaparición de argentinos” , estableciendo un cuestionado paralelismo con la dictadura militar de 1976 a 1983.
Sin embargo, los abortistas sostienen que la práctica garantizará la libertad de las mujeres sobre sus cuerpos y evitará las muertes por abortos clandestinos.
“La objeción de conciencia no habilita a cercenar el derecho a acceder al aborto, que es un problema de salud pública”, manifestó Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped, especializada en el derecho a la salud.
Tras recordar que desde 1983 murieron 3.030 mujeres por abortos clandestinos, la experta en epidemiología Patricia Rosemberg consideró falsa la afirmación de que el sistema de salud no podría solventar el costo de los hasta 520.000 abortos que, según una estimación del 2016 del Ministerio de Salud, se efectúan de forma clandestina anualmente.
Otros galenos indicaron que los costos que implica la atención por las complicaciones de los abortos clandestinos -sepsis, peritonitis, perforación de útero- son altísimos, requieren días de terapia intensiva y ya son afrontados por el Estado.
El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, uno de los funcionarios del presidente Mauricio Macri a favor del aborto, afirmó -por su parte- que “la despenalización reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales”.
La mayoría de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Medicina se ha manifestado a favor de la despenalización al afirmar que el aborto es “una importante causa de muerte” de las embarazadas y el “estatus social” permite practicarlo con diferente nivel de seguridad. La Asociación Médica Argentina de Anticoncepción también lo apoya.
La proximidad de la sesión en la que se definiría el tema reavivó la indignación de la Iglesia: el papa Francisco comparó la práctica con “lo que hacían los nazis ” para cuidar la pureza de la raza, “pero con guantes blancos” . Además, obispos instaron a Macri a vetar la ley en caso de que sea aprobada, lo que el mandatario -un confeso “provida”- ha adelantado que no hará.