París. Los obispos franceses venderán “bienes” de la Iglesia o recurrirán a un préstamo para indemnizar a las víctimas de pederastas, decidieron este lunes al término de su reunión anual, en la que pidieron ayuda al papa Francisco. Tras reconocer la “responsabilidad institucional” de la Iglesia en los abusos sexuales a menores en Francia, que una comisión independiente estimó en más de 216.000 desde 1950, sentaron ahora las bases para la indemnización.
“Los obispos decidieron nutrir este fondo” de indemnización “desprendiéndose de los bienes inmuebles de la Conferencia Episcopal de Francia y de las diócesis”, dijo su presidente Éric de Moulins-Beaufort. Los responsables diocesanos decidieron también “contraer un préstamo para anticipar las necesidades” si fuera necesario, agregó en conferencia de prensa De Moulins-Beaufort, al término de su reunión anual en Lourdes.
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Aunque descartaron recurrir al dinero donado por los fieles a la Iglesia, el vicepresidente Dominique Blanchet precisó que no pueden impedir a ningún creyente “movilizarse para poder entrar en este modo de justicia reparadora”.
Estas resoluciones se adoptaron tras una semana de debates en este centro de peregrinación mariana, donde unos 120 obispos examinaron el informe de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase).
Otra de las decisiones adoptadas es encargar a la jurista francesa Marie Derain de Vaucresson, exdefensora de menores, la constitución de una instancia nacional independiente, que se encargará de instruir las demandas.
“La reparación financiera formará parte de la respuesta, pero no de manera automática”, indicó al diario La Croix Derain de Vaucresson, a quien los prelados dejaron vía libre para formar su equipo y su funcionamiento.
“Algunas [víctimas] expresaron la simple necesidad de saber si su agresor seguía con vida, otras conocer a una persona relacionada con su situación: el propio agresor o el obispo de entonces”, explicó.
‘Liberación’
El viernes, los obispos franceses ya reconocieron la “responsabilidad institucional” de la Iglesia y la “dimensión sistémica” de estas agresiones, en la línea de lo propuesto por la Ciase. “Ya era hora que diéramos este paso”, afirmó el jefe de la Conferencia Episcopal, para quien la decisión es una “liberación”, ya que muestra que la Iglesia no es una institución “sumida en la autoglorificación”.
Entre sus 45 propuestas, la comisión independiente urgió en octubre a la Iglesia a reconocer su responsabilidad “sistémica”, social y civil y a poner en marcha actos de reconocimiento a las víctimas como misas o memoriales. Para financiar las indemnizaciones a las víctimas, llamó a descartar las donaciones de los fieles, al igual que las víctimas, y hacerlo en cambio “a partir del patrimonio de los agresores y de la Iglesia de Francia”.
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El episcopado anunció que enviarán las recomendaciones de la comisión al papa Francisco, a quien pidieron además que envíe a “alguien de confianza” para examinar cómo se atendió y se atiende “a las víctimas y a sus agresores”. Otras de las medidas adoptadas es la verificación “sistemática” de los antecedentes judiciales de cualquier persona, religiosa o laica, que trabaje con menores, así como la creación de un tribunal penal canónico para abril. Las víctimas acogieron con satisfacción los anuncios de los obispos.
“Es muy positivo”, dijo Jean-Luc Souveton, una de las cinco víctimas presentes en Lourdes al inicio de la reunión, “es un reconocimiento real de las expectativas de las víctimas”. “Hay un cambio en la actitud de los obispos”, manifestó Michel, otra víctima.
Tras el impacto del informe en Francia, la polémica continuó tras unas controvertidas declaraciones de De Moulins-Beaufort asegurando que el secreto de confesión está por encima de la ley, incluso en casos de pederastia. La Ciase pidió que la Iglesia deje claro que el secreto de confesión no cubre estos delitos. Los obispos prometieron trabajar en las propuestas relativas al derecho canónico, pero que necesitan la aprobación del Vaticano.