Una moción de la comisión parlamentaria de Justicia para despenalizar el aborto en esos casos fracasó el martes al obtener 65 votos cuando requería 70 para su aprobación.
María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, que promueve el aborto en caso de embarazo por violación, dijo el miércoles: “Ahora nos queda demandar la inconstitucionalidad” de reglas que limitan el aborto no punible ante la máxima Corte Constitucional.
“Vamos por una opción de inconstitucionalidad”, coincidió Virginia Gómez de la Torre, de la Fundación Desafío, que impulsa el aborto sin distinción.
En la Asamblea Nacional (con 137 escaños y sin un bloque mayoritario), sectores de derecha se opusieron a reformas sobre el tema en el código penal, que actualmente permite el aborto solo cuando la vida o salud de la madre está en riesgo o si el embarazo es producto de la violación de una mujer con discapacidad mental.
El código penal vigente desde 2014 establece asimismo que la mujer que se cause un aborto o permita que otra persona se lo practique será sancionada con cárcel de seis meses a dos años. Si durante el procedimiento la madre muere, quien lo realizó será penado con hasta 16 años de prisión.
La propuesta de la Comisión de Justicia también contemplaba el aborto sin pena para los casos de embarazo por inseminación no consentida, en los que actualmente hay castigos de hasta diez años de prisión para la persona que la practique.
La titular de la Comisión de Justicia, la oficialista Ximena Peña, lamentó la falta de apoyo para despenalizar el aborto. Enfatizó que cada año 3.000 mujeres menores de 14 años “son violadas y embarazadas” en Ecuador, un país conservador y con un 80% de población católica.
Congreso de Ecuador rechaza despenalización del aborto
“Siete niñas menores de 14 años paren de violadores. Siete niñas al día abortan en el Ecuador”, donde “se reportan 11 violaciones diarias a mujeres”, expresó.
Toda relación íntima con menores de 14 años es considerada una violación, según la ley ecuatoriana.
“Hemos dispuesto algunas normas que sancionarán drásticamente a quienes son violadores de menores de edad”, manifestó el presidente del Poder Legislativo, el oficialista César Litardo.
Citó que entre esos castigos figura la prohibición de por vida que un violador condenado trabaje en instituciones públicas o privadas que tengan vínculos con menores de edad.
El aborto está tipificado como delito en Ecuador desde hace dos siglos.
“Ecuador ha tomado una postura nada progresista en derechos humanos” al negarse a despenalizar el aborto, manifestó a abogada y activista Patricia Carrión.
"No hay una visión progresista sino, al contrario, una visión regresiva de los derechos humanos", añadió.
La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, mostró su apoyo a la despenalización del aborto.
Las mujeres “aun no podemos decidir sobre nuestros cuerpos ni siquiera al ser violadas, pero nunca nos hemos rendido”, manifestó en su cuenta en Twitter, en la que estampó un rótulo con fondo verde --color que simboliza la lucha a favor de legalización del aborto-- con la leyenda “SERÁ LEY #AbortoPorViolación ECUADOR”.
