Gobierno de Bukele corre a mostrar ‘estrictas’ condiciones de pandilleros presos por polémica sobre pacto de privilegios
Publicación de diario digital ‘El Faro’ reveló que funcionarios del Ejecutivo conceden beneficios carcelarios a la Mara Salvatrucha a cambio de disminuir los crímenes
Members of the "Mara 18" and "MS-13" gangs are seen in custody of guards at a maximum security prison in Izalco, Sonsonate, El Salvador on September 4, 2020, amid the new coronavirus pandemic. - The salvadoran government showed Friday the "strict" reclusion conditions of gang members in the country's prisons, amid a controversy generated by a journalistic report that denounced alleged benefits to imprisoned gang members to reduce homicides. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) YURI CORTEZ
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El Salvador Miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18 permanecen en una celda hacinada en la prisión de Quezaltepeque, en Quezaltepeque, El Salvador, el 4 de setiembre del 2020. Foto: AFP (YURI CORTEZ/AFP)
San Salvador. El gobierno de El Salvador mostró este viernes las “estrictas” condiciones de reclusión de pandilleros en dos cárceles del país, en medio de una polémica por un reporte periodístico que lo señala de conceder beneficios carcelarios a esos grupos para que disminuyan los homicidios.
En el marco de una gira autorizada por el presidente Nayib Bukele, el director general de Centros Penales, Osiris Luna, acompañó a un grupo de periodistas, entre ellos de la AFP, para mostrar las "medidas estrictas" de reclusión en la prisión de Quezaltepeque (norte) y la cárcel de máxima seguridad de Izalco (oeste), ambas repletas de pandilleros.
Pandilleros del Barrio 18 y de su rival Mara salvatrucha (MS-13) mezclados y hacinados en las celdas, sin camisa, solo usando calzoneta blanca y con mascarillas en su rostro por prevención por la pandemia del coronavirus, era el panorama que se observaba en ambas prisiones.
El Salvador Autoridades de la Dirección General de Centros Penales visitaron el 4 de setiembre tres cárceles salvadoreñas, algunas de máxima seguridad, para revisar la situación de los internos y realizar allanamientos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Foto: AFP (YURI CORTEZ/AFP)
“Nosotros estamos desesperados, no podemos ver a nuestros familiares desde hace mucho tiempo, no podemos hablar con nadie, tenemos nuestras necesidades y nuestras enfermedades, pero con este encierro todo parece imposible”, dijo Denis Flores, uno de los 2.600 pandilleros recluidos en la prisión de Izalco, 66 kms al oeste de San Salvador.
El gobierno salvadoreño mantiene un plan de seguridad que ha logrado una reducción de los homicidios.
El jueves, presuntamente basado en documentos oficiales, el periódico digital El Faro señaló al gobierno de llevar “un año negociando” con la pandilla MS-13 una reducción de homicidios, a cambio de beneficios carcelarios, entre otras cosas.
Consultado por la AFP, un pandillero de la MS-13 en Izalco aseguró bajo anonimato: "No hemos negociado nada con nadie".
“Cuál negociación, cuáles beneficios, no tenemos nada”, dijo otro pandillero de la MS-13 en la cárcel de Quezaltepeque, 20 kilómetros al norte de San Salvador.
El director Luna desestimó también el informe periodístico.
El Salvador Pandilleros del Barrio 18 y de su rival Mara salvatrucha mezclados y hacinados en las celdas, sin camisa, solo usando calzoneta blanca y mascarillas. (YURI CORTEZ/AFP)
"El presidente ha sido claro, con el Estado nadie va a negociar y se va a hacer cumplir la ley", señaló Luna.
"Estamos haciendo cumplir las medidas estrictas, no estamos dando beneficios a nadie", añadió, asegurando que los reos se mantienen en sus celdas y solo salen para chequeos médicos, como establecen las condiciones implementadas hace meses en las cárceles con pandilleros para evitar la comunicación entre ellos.
El Barrio 18 y la MS-13 son las principales pandillas que operan en El Salvador y son señaladas por el gobierno como las mayores generadoras de violencia en el país.
Cifras oficiales indican que Bukele recibió el país en junio del 2019 con una tasa de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, que cerró ese mismo año en 36.
En El Salvador, las pandillas tienen unos 70.000 miembros -más de 17.000 de ellos encarcelados- y se dedican a la extorsión y el narcotráfico, entre otras actividades ilegales.
