San Salvador. Agrupaciones feministas pidieron este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condene a El Salvador por negarle a una mujer la posibilidad de abortar un feto sin cerebro en el 2013, debido a la penalización de la interrupción del embarazo en ese país.
Al conocer “todas las violaciones” de derechos que enfrentaron Beatriz y su familia, esperamos que el Estado salvadoreño sea condenado”, declaró en rueda de prensa Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE).
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El juicio sobre la condena al Estado salvadoreño se llevará a cabo el 22 y 23 de marzo en la Corte Interamericana y será un acto de “justicia” para los derechos humanos de las mujeres, declaró, por su parte, la presidenta de la ONG Colectiva Feminista, Irma Lima.
Las activistas esperan también que la Corte ordene “medidas de no repetición” y propicie “cambios estructurales” en la legislación salvadoreña, que prohíbe en forma absoluta el aborto, dijo García.
La víctima, quien ya murió, era una mujer rural conocida solo por su nombre, Beatriz, a quien los médicos recomendaron en el 2013 interrumpir su embarazo de inmediato para salvar su vida.
Su caso acaparó atención internacional luego de que tras 81 días de sufrimiento y una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 3 de junio del 2013 las autoridades salvadoreñas autorizaron que se le practicara una cesárea temprana. El bebé murió horas después.
Beatriz falleció el 8 de octubre del 2017 tras un accidente en motocicleta, cuando estaba a punto de cumplir 27 años.
“La lucha de ella sigue, y nosotros como familia la retomamos hasta lograr que se haga justicia a mi hermana, para que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que mi hermana tuvo que pasar”, declaró Humberto, de 30 años, hermano de Beatriz.
Con el respaldo de ACDATEE y otras organizaciones, Beatriz presentó una demanda contra el Estado salvadoreño el 29 de noviembre del 2013 ante la CIDH, con sede en Washington. En el 2022, el caso pasó a la Corte, con sede en San José, Costa Rica.
El Código Penal de El Salvador impone una condena de dos a ocho años de cárcel por abortar, pero fiscales y jueces tipifican con frecuencia los casos de pérdida del bebé como homicidio agravado, delito que se castiga con penas de 30 a 50 años de prisión.