California. Entre elevados gastos médicos y llamados a considerar otras opciones, una joven estadounidense vio obstaculizada la posibilidad de abortar en California. Pero con la ayuda de un colectivo feminista mexicano pudo interrumpir su embarazo.
“Supuestamente estamos en un país libre, en un estado donde puedes fumar marihuana, pero el aborto de alguna forma sigue siendo un tabú”, dijo la mujer de 31 años a la AFP, poco antes de que la Suprema Corte estadounidense fallase en contra del aborto.
Pero incluso antes de la sentencia, acceder a un procedimiento seguro en Estados Unidos ya era “complicado si no tienes dinero”, comentó vía telefónica la joven de ascendencia mexicana, empleada en un restaurante en San Diego y madre soltera de tres hijos.
Hace un par de meses acudió a una clínica de una congregación religiosa y a otra privada, pero en ambas la intervención le costaba casi 1.000 dólares, que no podía pagar.
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Las religiosas “no querían que abortara, me dijeron que había otras opciones, que podía darlo en adopción. Pero yo estaba decidida, desesperada, no podía mantener otro hijo”, añadió, al asegurar que se quedó embarazada porque fallaron los anticonceptivos.
Por una amiga supo de las Bloodys, una organización sin fines de lucro de Tijuana que forma parte de una red transfronteriza dedicada a asistir gratuitamente a mujeres de Estados Unidos que no pueden acceder a un aborto.
“Me sorprendí que desde México me ayudaran, yo pensé que aquí éramos más liberales, que no iba a batallar. Allá fue todo muy rápido, no tardaron ni un día para decirme ‘aquí tienes la solución’”, cuenta.
Le mandaron una combinación de medicamentos que actúan contrayendo el útero, método considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud (OMS), principalmente hasta las 12 semanas de gestación.
Además, “me dieron seguimiento (por mensajería instantánea), cualquier duda me respondían muy rápido. Fueron un apoyo siempre”, añadió.
Crystal Pérez Lira, integrante de Bloodys, explicó que desde 2019 envían estos tratamientos a estados conservadores como Oklahoma, Texas o Georgia, y anticipó mayores solicitudes tras el fallo.
El máximo tribunal derogó la sentencia Roe v. Wade de 1973, que garantizaba ese derecho, y ahora cada estado decidirá si autoriza la libre interrupción del embarazo en un país donde la mitad de las mujeres vive en territorios hostiles al aborto.
“Es muy desafortunado, un retroceso enorme, pero vamos a tener capacidad y voluntad” de apoyar, sostuvo la activista.
Listas, tras fallo
Las feministas mexicanas también están sorprendidas por la respuesta desde Estados Unidos a la red transfronteriza, lanzada el 23 de enero pasado ante obstáculos para acceder a un aborto seguro en ese país.
“Hasta mayo habíamos acompañado a 200 mujeres que cruzaron la frontera y hemos entregado para envío 1.000 combos de medicamentos. No esperábamos tantas”, señaló Verónica Cruz, fundadora de Las Libres, parte de la red.
Las organizaciones preveían que las solicitantes de “acompañamiento” fueran especialmente latinas, pero cuentan que también las buscan sajonas y afrodescendientes que no hablan español.
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“La mayoría recurre a nosotras por cuestiones económicas. Allá cuesta unos $600 el combo, o tienen que esperar semanas para obtenerlos de organizaciones. Nosotros los entregamos gratuitamente”, detalló Cruz.
La situación migratoria es otro factor que lleva a buscar asistencia en México.
“Nos buscan mujeres de contexto latinoamericano que quizá no se sienten cómodas de ir a una clínica porque no tienen documentos. No invadimos su privacidad, no cuestionamos su estatus legal ni su nacionalidad”, afirmó Pérez Lira.
En Ciudad de México, primera jurisdicción de América Latina que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas en 2007 y que brinda atención gratuita sin importar el lugar de residencia, las autoridades se declaran listas para apoyar a mujeres de Estados Unidos.
“Es verdaderamente regresivo, triste, indignante que en un país donde se habían reconocido estos derechos vayan para atrás. Estaremos abiertos a apoyar. Tenemos capacidad de atender alrededor de 25.000 interrupciones legales anuales y ahora estamos a la mitad”, declaró a la AFP Oliva López Arellano, secretaría de Salud de la megaurbe.
La capital mexicana es ya una opción para atender a extranjeras, pues de los 247.000 procedimientos practicados en quince años, 10% han sido a migrantes en tránsito hacia Estados Unidos, la mayoría centroamericanas, detalló la funcionaria.
Tras la capital, ocho de los 32 estados mexicanos han despenalizado el aborto, mientras que en septiembre pasado la Suprema Corte invalidó las leyes locales que lo criminalizaban.
Según el Instituto Guttmacher, luego de tres décadas de bajar continuamente, el número de abortos en Estados Unidos aumentó 8% de 2017 a 2020 al pasar de 860.000 a 930.000 anuales. Los datos, sin embargo, excluyen las interrupciones autogestionadas.