Ciudad de México. El periodista Armando Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, fue asesinado este martes en el oeste de México, convirtiéndose así en el octavo comunicador víctima de homicidio en el país durante 2022.
La fiscalía del estado de Michoacán confirmó en un comunicado el homicidio “del periodista Armando Linares López, ocurrido esta tarde en un domicilio particular” del municipio de Zitácuaro. Agregó que el comunicador tenía impactos de arma de fuego.
El homicidio de Linares ocurrió apenas mes y medio después de que fuera asesinado Roberto Toledo, colaborador del mismo medio de comunicación. Tras el crimen de Toledo, el 31 de enero pasado, Linares denunció amenazas contra él y su equipo de trabajo por haber expuesto actos de corrupción.
“Nosotros no estamos armados, no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero”, dijo el periodista en un video difundido tras la muerte de Toledo. Sin embargo, al momento del atentado, Linares no tenía ningún tipo de seguridad.
La fiscalía de Michoacán dijo que investiga el homicidio con apego al protocolo de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
“La pesadilla sigue para la prensa en México. RSF está documentando los hechos y pide una investigación ejemplar a la Fiscalía de Michoacán”, dijo la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) en Twitter.
Año sangriento
Linares es el octavo periodista asesinado en lo que va del año en México, uno de los países más peligrosos para la prensa, según los balances de las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19.
Antes de él fueron ultimados Juan Carlos Muñiz, Heber López, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Roberto Toledo, José Luis Gamboa y Jorge Luis Camero, este último baleado el 24 de febrero, dos semanas después de haber dejado su cargo en la alcaldía de Empalme (estado de Sonora, norte).
La cifra de periodistas asesinados en este año ya superó los 7 comunicadores asesinados en todo el año pasado, aunque aún está lejos de los 10 reporteros ultimados en 2019, el mayor número durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder en diciembre de 2018, según datos de RSF.
Unos 150 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000, según la misma organización.
A inicios de marzo, el Parlamento Europeo, máximo órgano representativo de la Unión Europea, aprobó una resolución para pedir a las autoridades mexicanas “que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos”.
En respuesta, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Parlamento Europeo de apoyar “una estrategia golpista” de sus opositores.
López Obrador critica constantemente a un sector de la prensa en el país, al que acusa de servir a intereses privados y de atacar a su gobierno ante la pérdida de “privilegios” que según él mantenían con administraciones anteriores.
Violencia en Michoacán
Michoacán, el estado del oeste de México donde fue asesinado Armando Linares, está sumido en una vorágine de violencia desde hace varias semanas.
Apenas el 11 de marzo fue asesinado a balazos el alcalde de la localidad de Aguililla, César Valencia. A finales de febrero, al menos una decena de personas falleció en un ataque armado en San José de Gracia.
En el estado tiene presencia el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones como Los Viagras, que se disputan este territorio estratégico para sacar droga desde la fértil zona serrana hasta las costas del Pacífico.
La delincuencia también incluye secuestros y extorsiones a productores de aguacate, del cual Michoacán es el primer productor mundial. En febrero, una amenaza a un inspector sanitario de Estados Unidos obligó a suspender temporalmente las exportaciones de la fruta a ese país.
En 2021, Michoacán registró 2.732 asesinatos, lo que equivale a poco más del 8% de los 33.315 homicidios dolosos cometidos en todo México.
Según los organismos de seguridad, en el país han muerto violentamente unas 340.000 personas desde 2006, cuando el gobierno lanzó una ofensiva militar antidrogas. La mayoría de esos crímenes son atribuidos a choques entre bandas criminales.