Relajado y sonriente con sus abogados, sin esposas, y vestido con uniforme de presidiario -pantalón caqui, camisa oscura y por debajo camiseta color naranja, igual que sus zapatillas-, Macías se declaró no culpable a través de su defensa ante la jueza Vera Scanlon, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, que antes le leyó sus derechos.
Sus respuestas, casi inaudibles, fueron vocalizadas por el traductor que lo acompañó durante la comparecencia, junto a los abogados.
La fiscalía neoyorquina acusa al capo ecuatoriano de “inundar” Estados Unidos y otros países con drogas y “medidas extremas de violencia en su búsqueda de poder y control”.
El acusado “pensó que podía traficar con veneno en nuestro país, contrabandear armas estadounidenses para sus asesinos y promover su empresa criminal utilizando el caos y el derramamiento de sangre”, declaró el administrador en funciones de la DEA, Robert Murphy.
“Se equivocó”, agregó.
Despiadado
Por el momento, este “traficante de drogas y armas despiadado y famoso”, como le describe la fiscalía, permanecerá detenido debido a su “peligrosidad” y “alto riesgo de fuga” a la espera de juicio en un caso considerado como “complejo”.
Ante la pregunta de la jueza sobre una posible negociación para un acuerdo de culpabilidad que le evitaría sentarse en el banquillo, su abogado Alexei Schacht declaró que “necesita tiempo para revisar el expediente y decidir con mi cliente”.
La justicia estadounidense lo acusa de siete delitos, como conspiración para la distribución internacional de cocaína; uso de armas de fuego para facilitar el tráfico de drogas; contrabando de armas de fuego desde los Estados Unidos; y conspiración para la compra fraudulenta de armas de fuego, entre otros.
Estos delitos son punibles por un mínimo de 20 años de cárcel a cadena perpetua.
La próxima cita judicial será el 19 de septiembre.
El gobierno de Donald Trump “mantiene su compromiso de acabar con el flagelo del narcotráfico y de colaborar con socios regionales como el presidente (de Ecuador) @DanielNoboaOk para hacer nuestra región más segura y más fuerte”, dijo en la red social X el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
Macías fue capturado el 25 de junio en Manta, ciudad del oeste de Ecuador donde “Los Choneros” tienen su bastión, y fue extraditado el domingo a Nueva York. Se había fugado de una cárcel de máxima seguridad en 2024.
Golpe a la delincuencia organizada
Temeroso de ser asesinado en la cárcel por sus numerosos enemigos, Fito aceptó la semana pasada su extradición a Estados Unidos de manera “libre y voluntaria”.
Para la vocera del gobierno ecuatoriano Carolina Jaramillo, su extradición es “un fuerte golpe para la delincuencia organizada” en el país.
Los “operativos para desmantelar las economías criminales son acciones que debilitan a las mafias”, aseveró Jaramillo el lunes en una rueda de prensa.
Sin embargo, esta captura no ha logrado disminuir la violencia en Ecuador, donde operan una veintena de bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el sicariato.
Entre enero y mayo, las autoridades han reportado 4.051 asesinatos.
La semana pasada en la provincia de Manabí (oeste), bastión de Los Choneros, al menos 20 personas murieron en distintas masacres.
Ecuador, en el pasado un oasis de paz en América Latina, es actualmente una de las naciones más violentas de la región a causa de la guerra entre bandas que aprovechan sus puertos estratégicos, su economía dolarizada y la corrupción.
La tasa de homicidios pasó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 38 por cada 100.000 en 2024.
Por los puertos ecuatorianos transita un 73% de la cocaína producida en el mundo, según fuentes oficiales.
En 2024 el país, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo, incautó el récord de 294 toneladas de drogas.
Fito es el primer ecuatoriano extraditado por el propio país desde que se restableció esta posibilidad en 2024, tras un referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa para reformar la ley en medio de su guerra contra el crimen.
La fuga de alias Fito en 2024 llevó a Noboa a declarar un “conflicto armado” interno en Ecuador que sigue en vigor y le permite desplegar a las fuerzas armadas en calles y cárceles. Esa medida le ha valido duras críticas de organismos de derechos humanos.
