Asunción, Paraguay. La Fiscalía de Paraguay anunció este lunes un pedido de cooperación con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar posibles activos vinculados a Ueno Bank, el escándalo financiero que precipitó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña.
La fiscalía señaló que “se trabaja para ubicar y asegurar bienes en el exterior, con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas”, de la caída de Ueno Bank que afectó a unos tres millones de ahorristas, la mitad de la población de Paraguay.
“Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofreció su colaboración”, señaló el ministerio público en un comunicado.
El domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llamó al presidente Pedro Alliana para felicitarlo por su asunción y reafirmar el respaldo de Washington a Paraguay, según informó el mandatario.
Mientras tanto, el Banco Central, que intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia, incorporó este lunes nuevos grupos de ahorristas al programa para restituir los depósitos.
Desde el jueves, cerca de 1,2 millones de personas recuperaron un total de 168 millones de dólares, según datos del Banco Central.
Este lunes comenzaron a recibir anticipos de hasta 20.000 dólares clientes con depósitos superiores a ese monto y también aquellos que mantienen deudas con el banco, a quienes se les descuentan las cuotas vencidas.
Sin embargo, el fondo de garantías no cubre reintegros mayores a los 36.000 dólares por cuenta, lo que genera incertidumbre respecto al destino de fondos públicos que se encontraban en Ueno, como los del Instituto de Previsión Social, que gestiona jubilaciones.
En esos casos, la recuperación de bienes desviados puede ser crucial para restituir los depósitos.
El lunes, el Senado aprobó por unanimidad el nombramiento de Jorge Schreiner como nuevo presidente del Banco Central.
En paralelo, Alliana comenzó una reorganización de su gabinete, tres días después de asumir el poder en reemplazo de Peña.
El mandatario también anunció alivios tributarios para los afectados por la caída de Ueno.
Bóveda en casa de Peña
La fiscalía continúa investigando al expresidente Peña, quien permanece en prisión preventiva acusado de presuntos delitos relacionados con sus vínculos financieros con Ueno Bank.
Los investigadores intentan abrir una bóveda descubierta el domingo durante un allanamiento a su residencia de verano en San Bernardino, a unos 50 km de Asunción.
“No pudimos terminar con la labor que estábamos realizando justamente porque encontramos una bóveda de seguridad” de “alta complejidad”, dijo el lunes en conferencia de prensa la fiscal Silvia González, que señaló que volverán al lugar con el “dispositivo correspondiente” para abrirla.
Los investigadores evalúan pedir la colaboración de la esposa de Peña, Leticia Ocampos, o de otros familiares para desbloquearla, explicó el fiscal Christian Benítez al medio local ABC. También evalúan una detonación controlada.
La mansión fue financiada parcialmente mediante préstamos de Ueno Bank, cuyas cuotas mensuales, según la investigación, equivalían a seis veces el salario presidencial de Peña.
La fiscalía acusa a Peña de haber usado su influencia para favorecer a Ueno Bank, un banco digital de apenas tres años de vida, ya que tuvo hasta 2025 acciones en el grupo que controlaba la institución.
Se le señala de engordar el banco con millones en fondos públicos, y de ocultar o minimizar sus problemas financieros pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.
También lo acusan de haber nombrado al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno Bank, lo cual despierta sospechas de un potencial conflicto de interés.
Protestas en Paraguay
En paralelo, cientos de trabajadores y docentes se movilizaron este lunes en Asunción para exigir garantías sobre los fondos públicos depositados en Ueno Bank.
Los manifestantes reclaman la recuperación de fondos jubilatorios y amenazan con mantener la paralización hasta obtener garantías del gobierno.
La protesta, convocada por sindicatos de la educación, provocó la suspensión de clases en escuelas públicas.