En los últimos años, Paraguay ganó relevancia como destino para radicar inversiones por sus bajos impuestos, su estabilidad macroeconómica y las condiciones favorables para hacer negocios. Sin embargo, un escándalo financiero que sacude al país por estas horas amenaza con empañar esa reputación y puso bajo la lupa la solidez de uno de sus principales bancos digitales, con 2,9 millones de clientes.
Ahora el centro de la atención está alrededor de Ueno Bank, una entidad financiera del Grupo Vázquez, que fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) después de que el organismo detectara un fuerte deterioro de sus indicadores de solvencia e irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas que tendrían vínculos con sus propietarios.
Esta es una entidad financiera del Grupo Vázquez, que fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) después de que el organismo detectara un fuerte deterioro de sus indicadores de solvencia e irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas que tendrían vínculos con sus propietarios.
La crisis, que estalló esta semana, ya provocó la detención de ocho directivos del banco, la renuncia del presidente del Banco Central y el inicio de una ofensiva de sectores de la oposición para promover un juicio político contra el presidente Santiago Peña (quien ya renunció a su cargo) y el vicepresidente Pedro Alliana. El mandatario quedó en el centro de los cuestionamientos por sus vínculos comerciales previos con el grupo propietario de la entidad.
El caso también encendió las alarmas entre los ahorristas. Según datos difundidos por la agencia EFE, Ueno Bank tenía alrededor de 2,9 millones de clientes, muchos de los cuales quedaron temporalmente sin acceso a su dinero después de que se suspendieran las operaciones de la entidad. El cierre de sucursales, la interrupción de los servicios digitales y la imposibilidad de utilizar las tarjetas generaron preocupación y reclamos de clientes que buscaban recuperar sus depósitos.
El Banco Central dispuso el inicio de un procedimiento de resolución bancaria luego de constatar que el índice de solvencia de Ueno había caído al 5,56%, menos de la mitad del mínimo regulatorio del 12%. La decisión llegó después de una serie de inspecciones que detectaron deficiencias en la evaluación de riesgos crediticios, inconsistencias en la información financiera utilizada para aprobar préstamos y operaciones con empresas relacionadas con los accionistas del banco.
Según la documentación del organismo, las revisiones obligaron a realizar ajustes contables por más de 1,6 billones de guaraníes que deterioraron significativamente la situación patrimonial de la entidad. A esto se sumó la imposibilidad del banco de reponer un encaje legal de US$70 millones.
El deterioro sorprendió por la velocidad con la que se produjo. Apenas unos días antes de la intervención, Ueno había anunciado un plan de capitalización por US$100 millones para fortalecer su posición financiera. Sin embargo, la situación terminó precipitando la decisión del regulador, que dispuso la intervención para preservar los activos y buscar una salida que permita proteger a los depositantes.
Qué pasará con los ahorros de los clientes
Una de las principales preocupaciones es qué ocurrirá con el dinero de los millones de clientes de Ueno Bank. La entidad contaba con depósitos por aproximadamente US$2836 millones a septiembre y tenía una participación relevante en el sistema financiero paraguayo.
En Paraguay existe un Fondo de Garantía de Depósitos que cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante y por entidad financiera, equivalentes a aproximadamente US$38.000.
De acuerdo con las estimaciones difundidas por las autoridades, alrededor del 97% de los depositantes, unos 2,8 millones de personas, tendría sus ahorros totalmente cubiertos por ese mecanismo.
En cambio, el 3% restante, equivalente a unos 87.000 ahorristas, podría enfrentar dificultades para recuperar la totalidad de su dinero en caso de que sus depósitos superen el límite garantizado.
Esto no significa necesariamente que esos clientes perderán sus ahorros por encima del monto asegurado, sino que su recuperación dependerá de los activos disponibles, del proceso de resolución y de las medidas que adopten las autoridades.
La situación es especialmente delicada porque el banco también administra una importante cantidad de recursos públicos. Entre ellos se encuentran unos US$380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra fondos vinculados con la seguridad social y las jubilaciones. La exposición incluye recursos relacionados con aproximadamente 32.000 jubilados, lo que amplificó la preocupación por las consecuencias de la crisis.
En total, los fondos públicos administrados por Ueno alcanzarían entre US$800 millones y US$850 millones, según distintas estimaciones difundidas en medio de la intervención.
Ante este escenario, Peña anunció que impulsará junto con el Congreso una ley para acelerar la utilización del Fondo de Garantía y permitir que los depositantes recuperen sus ahorros lo antes posible.
El mandatario también buscó llevar tranquilidad al sistema financiero al señalar que se trata de un problema específico de Ueno Bank y no de una crisis generalizada del sector bancario paraguayo.
Ocho directivos detenidos y embargos millonarios
En paralelo con la intervención, la Fiscalía paraguaya abrió una investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos, a partir de una denuncia presentada por el Banco Central. Como parte de las primeras medidas, ocho directivos y ejecutivos vinculados con Ueno Bank fueron detenidos.
Entre ellos figuran Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador y vicepresidente primero de la entidad y principal referente del Grupo Vázquez, y Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente del banco. También fueron arrestados Diana Leticia Mongelós González, vicepresidenta segunda; Julio Daniel Rey Fernández; Mariana Torres Rubiani; Alejandro Gómez Abente; Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
Según informó el diario paraguayo ABC Color, varios de los involucrados habían ocupado anteriormente cargos en organismos reguladores y entidades financieras públicas. Gustale, por ejemplo, había trabajado en el propio Banco Central, donde se desempeñó como director jurídico de la Superintendencia de Bancos, entre otras funciones.
La investigación busca determinar si existieron maniobras irregulares en la administración de los recursos del banco, particularmente en el otorgamiento de préstamos a empresas vinculadas con sus propietarios.
Además, la Justicia dispuso embargos preventivos por US$70 millones y 1,62 billones de guaraníes sobre bienes de directivos y sociedades accionistas de Ueno Bank, entre ellas U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez.
La medida fue solicitada por el Banco Central para evitar que los activos sean vendidos o transferidos durante el proceso de resolución y preservar recursos que eventualmente puedan destinarse a cubrir las obligaciones con los depositantes.
Los vínculos con Santiago Peña y la renuncia del titular del Banco Central
Más allá de sus consecuencias financieras, el caso adquirió una fuerte dimensión política por los vínculos que mantuvieron distintas autoridades del gobierno paraguayo con el grupo propietario del banco.
El presidente Santiago Peña, quien ya renunció a su cargo, fue accionista de Ueno Holding hasta 2025, cuando se desvinculó de la sociedad. Esa relación comercial previa quedó bajo cuestionamiento después de que se conocieran las irregularidades detectadas por el Banco Central y la magnitud de los fondos públicos depositados en la entidad.
La crisis también provocó la salida de Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central desde 2023 y había ocupado anteriormente la presidencia de Financiera Ueno.
Carvallo presentó su renuncia el martes, a pedido de Peña, en medio de los cuestionamientos por la actuación del organismo regulador y los controles ejercidos sobre la entidad financiera. En su reemplazo, Liana Caballero quedó al frente del Banco Central de manera interina.
Los antecedentes comerciales y profesionales de las principales autoridades involucradas intensificaron las preguntas sobre la supervisión del banco, que había experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años.