Hernández regresó de Estados Unidos el pasado 26 de julio, luego de que la justicia hondureña le suspendiera una orden de captura para enfrentar la causa por el supuesto desvío de dos millones de dólares de fondos públicos para su campaña presidencial en 2013.
En una audiencia en la que fue imputado por presunto lavado de activos y fraude, el juez decidió mantener suspendida la medida de arresto contra el exmandatario y le ordenó comprometerse por escrito a que “no se va a escapar”, dijo a periodistas Carlos Silva, portavoz del poder judicial.
También le prohibió salir de Honduras y fijó la primera audiencia del juicio para el 12 de agosto, añadió el vocero.
En noviembre pasado, Trump indultó a Hernández de una sentencia a 45 años de cárcel al aducir que había sido víctima de una injusticia de su antecesor demócrata Joe Biden, si bien parte de la investigación criminal se desarrolló durante el primer mandato del republicano.
Trump decretó el perdón al mismo tiempo que amenazaba con cortar la ayuda a Honduras si el conservador Nasry Asfura, copartidario de Hernández, no era elegido presidente.
Asfura ganó por escaso margen, en medio de denuncias de la oposición de fraude.
Un juez federal de Nueva York condenó a Hernández en junio de 2024, dos años después de su extradición, por ayudar a introducir cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, junto con capos como el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, preso en ese país.
Hernández asegura que tanto las acusaciones en Estados Unidos como en Honduras obedecen a una “persecución política”. Al regresar al país advirtió que no va a “agachar la cabeza”.
“Hoy nuevamente enfrentamos la justicia ante esta embestida”, dijo el exgobernante antes de la audiencia de este lunes.
El expresidente, que gobernó en dos períodos (2014-2022) y cuya carrera política ha estado marcada por denuncias de corrupción, aspira a recuperar al menos 130 bienes que le fueron confiscados cuando fue extraditado a Estados Unidos.
Su retorno dividió a los hondureños, que han visto como los demás imputados en el caso de corrupción han quedado libres de cargos, incluido el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien según las denuncias habría autorizado el desembolso de los recursos.
