EscucharMadrid, España. La crisis de la vivienda era ya una de las principales preocupaciones de los españoles, pero hace unos días saltó al centro del debate político y acabó empujando a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales.
La chispa que activó el descontento acumulado fue el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue expulsada del apartamento de Madrid en el que había vivido durante siete décadas, después de que la empresa propietaria intentara elevar fuertemente su alquiler.
La octogenaria -quien tras el desahucio fue ingresada en un hospital, donde falleció el miércoles-, se convirtió rápidamente en el rostro de una crisis que preocupa profundamente a la población, como en otros países de Europa.
“Hace años que los alquileres y la venta de las casas se volvió una completa locura. Es imposible comprar, es imposible alquilar nada”, lamenta Beatriz Blanco, una trabajadora autónoma de 37 años entrevistada por la AFP en la Puerta del Sol.
En esta turística plaza del centro de Madrid acampan desde hace diez días cientos de manifestantes para mostrar su descontento.
A la cabeza del ranking mundial de ciudades codiciadas por el mercado inmobiliario de lujo en 2025 y 2026, según la red Barnes, Madrid dispone sin embargo de un parque de vivienda social muy reducido.
Con apenas unos 10.000 pisos de este tipo para 3,5 millones de habitantes, algunas de estas viviendas se adjudican por sorteo.
País de propietarios
Encontrar casa se ha convertido así en una misión casi imposible para los hogares con menos recursos.
El salario bruto español alcanza una media de unos 2.460 euros mensuales, aunque los sueldos suelen abonarse generalmente en 14 pagos.
Mientras, el alquiler de un piso de 50 m² en Madrid costaba 1.170 euros mensuales de media en septiembre, según el portal Idealista. Esto supone casi la mitad del salario bruto promedio, una proporción muy alejada del 30% que suelen recomendar los organismos públicos y los profesionales de la vivienda.
Muchos españoles señalan a las plataformas de alquiler turístico, como Airbnb, y a los fondos de inversión, de haber disparado los precios al comprar inmuebles y reducido la oferta para los residentes.
Estos “fondos buitre” -como los llaman los manifestantes y el gobierno de izquierdas- suelen concentrar las críticas en las manifestaciones y acampadas que se extendieron por muchas ciudades.
La cuestión es especialmente sensible en España, un país donde la propiedad inmobiliaria está históricamente muy arraigada, y en el que ahora hay más de 27 millones de viviendas para casi 50 millones de habitantes, según el gobierno.
Esta aspiración a la propiedad es, entre otros, un legado de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), cuyo ministro de Vivienda llegó a decir que no querían “una España de proletarios, sino de propietarios”.
Pero este modelo se está resquebrajando. Mientras casi tres de cada cuatro hogares son propietarios de su vivienda principal, algo más de la mitad de los menores de 30 años vivían de alquiler en 2025, según el INE.
Poca oferta inmobiliaria
La crisis financiera de 2008 fue un punto de inflexión, que “hundió” el sector, dejando “un millón de empleos destruidos en la construcción”, recuerda Jorge Galindo, director del Centro de Políticas Económicas de la escuela de negocios Esade.
Desde entonces, “la oferta no responde. En los noventa, terminábamos unas 260.000 viviendas al año, en 2025 fueron 92.000”, explica, advirtiendo del riesgo de que España se convierta en una sociedad “de herederos”.
Muchos se preguntan ahora si la solución es construir más para cubrir ese déficit, que coincide además con el aumento de la demanda provocada por la mayor llegada de migrantes y la evolución de los hogares.
La derecha (Partido Popular) está ampliamente a favor, mientras que el gobierno del socialista Pedro Sánchez defiende una respuesta más amplia.
Su ejecutivo impulsó en 2023 una ley que preveía el aumento de la construcción de vivienda social, un tope a los alquileres en zonas tensionadas y sanciones para los propietarios con viviendas vacías.
Pero el texto no logró frenar la escalada de los precios, alimentando el descontento de los españoles.
Este miércoles, los mayores sindicatos llamaron a una huelga general para el 11 de noviembre para luchar principalmente por “mejores salarios” y una “vivienda digna”.
A unos 50 días de las elecciones generales, Jorge Galindo señala, sin embargo, “una paradoja”.
“Quien más sufre la crisis es quien menos pesa en las urnas: los jóvenes, que votan menos, los inmigrantes, que en buena parte no pueden votar”, señala.
