Estas dos medidas -avanzadas en X por la ministra de Sanidad, Mónica García, tras complejas negociaciones en la coalición de gobierno- se incluirán en dos textos que deberán votarse después en el Parlamento, donde el ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez no está en mayoría.
Dentro de estas medidas, el gobierno pretende aplicar también la “prohibición de la compra de vivienda por parte de los fondos buitre”, según indicó la ministra.
Estos fondos de inversión, al igual que las plataformas de alquiler turístico de corta duración, como Airbnb, están en el punto de mira de los manifestantes por el derecho a la vivienda, que los acusan de disparar los precios al comprar unidades en España y reducir la oferta.
El Ejecutivo prevé también, en particular, la “regulación” de los alquileres de temporada y de habitaciones, agregó García.
Estas medidas, que deben anunciarse oficialmente tras el Consejo de Ministros de este martes, forman parte del que se ha conocido como “decreto Maricarmen”, bautizado así por la madrileña de 87 años desalojada la semana pasada de la vivienda en la que residía desde hace 70 años, tras su adquisición por una empresa inversora.
Desalojo de una pensionada en Madrid expone el debate sobre la crisis habitacional en España
Este desalojo desató una ola de indignación en España y puso la crisis de acceso a la vivienda en primer plano, a menos de un año de las elecciones legislativas de 2027.
Desde el sábado, varios cientos de manifestantes y activistas ocupan la turística plaza de la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, para denunciar la crisis de vivienda y exigir una ley más protectora para los inquilinos.
Estas demandas fueron formuladas especialmente por el Sindicato de Inquilinos, que había señalado como medida principal la implantación de contratos de alquiler indefinidos, en lugar de los cinco años de vigencia actual.
