Washington, EE. UU. El movimiento antiaborto en Estados Unidos puso su mira en un nuevo objetivo: los médicos que envían píldoras a través de las fronteras de los estados para ayudar a las mujeres a poner fin a embarazos no deseados.
Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió anular la protección federal del derecho al aborto, estados como Texas y Luisiana han adoptado duras leyes antiaborto.
Las mujeres que buscan interrumpir sus embarazos, incluso las víctimas de violación o incesto, ahora se ven obligadas a viajar largas distancias a otros estados o a buscar que les envíen píldoras abortivas desde otras jurisdicciones.
Los gobiernos de los estados de Texas y Luisiana ya iniciaron una causa judicial contra un médico de Nueva York, un estado que a su vez aprobó una “ley escudo” para proteger a sus médicos de procesos externos.
“Se trata del primer tipo de lucha transfronteriza que hemos visto desde que se anuló” la ley de derecho abortivo, dijo la académica de California Mary Ziegler, refiriéndose a la decisión adoptada en 2022 por la Corte Suprema.
“Y creo que, en cierto modo, es sólo la punta del iceberg. Es probable que veamos muchas más de estas peleas transfronterizas”, resaltó.
“Desde el punto de vista de Texas o Luisiana, se preguntan: ‘¿Por qué este médico envía pastillas por correo a nuestro estado?’”, explicó Ziegler, profesora de la facultad de Derecho de la Universidad de California, en Davis.
“Y desde el punto de vista de Nueva York, están diciendo: ‘Nuestra doctora no estaba haciendo nada malo. ¿Por qué están tratando de procesarla?’”
Amedrentar
En Texas, el fiscal general Ken Paxton declaró que “los médicos de otros estados no pueden recetar ilegal y peligrosamente medicamentos que inducen el aborto a los residentes de Texas”.
A Margaret Carpenter, una doctora de Nueva York y cofundadora de la Coalición del Aborto para la Telemedicina, se le ordenó que dejara de enviar píldoras a Texas y se le impuso una multa de $100.000.
En Luisiana, enfrenta cargos criminales y el estado ha solicitado su extradición, a lo que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respondió: “Ni ahora ni nunca”.
Hochul subrayó que la ley de protección del estado fue diseñada para “anticipar esta misma situación”.
Según #WeCount, una iniciativa que recopila estadísticas sobre abortos en todo el país, el 10% de los abortos en el segundo trimestre de 2024 se realizaron bajo tutela de leyes de protección.
Esto representa aproximadamente 10.000 mujeres cada mes.
Ahora, los activistas por el derecho al aborto temen que los médicos sean el blanco de ataques a nivel individual.
“La táctica de perseguir a los proveedores, a pacientes y asistentes por medio de los tribunales es definitivamente algo que veremos que intentarán más” en los tiempos actuales, dijo a la AFP Amy Friedrich-Karnik, del Instituto Guttmacher.
“Y creo que el objetivo es, saben, asustar a esas personas... y eso tiene un efecto amedrentador”, señaló Friedrich-Karnik, directora de políticas del grupo de expertos a favor del derecho al aborto.
Las batallas legales serán largas y los resultados están lejos de ser seguros. Algunos casos pueden llegar a la Corte Suprema.
“Este es un debate de larga duración”, afirmó Ziegler.
Restricciones
Mientras tanto, los fiscales generales de los estados de Idaho, Kansas y Missouri han exigido que la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) ponga fin a la entrega de recetas de la píldora a través de visitas médicas en línea, lo que restringiría efectivamente el acceso a nivel nacional.
La Corte Suprema rechazó una solicitud similar en 2024.
“Hay incertidumbre sobre lo que (el gobierno de Donald) Trump va a hacer. Hay incertidumbre sobre el poder que tienen los estados para proyectar su poder fuera de las fronteras estatales. Hay incertidumbre sobre lo que la FDA va a decidir”, explicó Ziegler.
“El simple hecho de no saber que ocurrirá puede afectar a los pacientes y a los médicos. Pero ese es el escenario en este momento: hay una gran interrogante en torno a gran parte de esto”, sentenció.