San Salvador, El Salvador. Organizaciones sociales salvadoreñas denunciaron este miércoles que la condena a 15 años de prisión contra el defensor de derechos humanos Fidel Zavala busca “silenciar” sus denuncias de torturas y muerte de presos bajo el gobierno de Nayib Bukele.
El presidente salvadoreño mantiene amplia popularidad por haber sometido a las pandillas, pero oenegés denuncian que la ofensiva lanzada en 2022 ha derivado en graves abusos y la detención de decenas de críticos del mandatario.
Zavala, de 31 años, fue arrestado en febrero de 2025 en medio de sus denuncias sobre torturas y corrupción carcelaria durante el régimen de excepción que sustenta la política de seguridad de Bukele.
El presidente acusa a las oenegés de derechos humanos locales y extranjeras de defender a los criminales y no a sus víctimas, y de mentir en sus señalamientos contra el gobierno.
Zavala fue condenado el martes por una “estafa” de unos 4.000 dólares en negocios de divisas, acusación que él rechaza. Una oenegé que lo representa sostiene que se trata de una deuda comercial y que apelará el fallo.
El activista ya había sido absuelto de ese cargo en 2022 por falta de pruebas, luego de pasar un año preso. Tras quedar en libertad denunció abusos de los que aseguró haber sido testigo y víctima.
En junio de 2024 presentó una denuncia penal contra el sistema penitenciario con el apoyo de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC).
Pero en 2025 volvió a ser detenido junto con una veintena de líderes comunitarios con quienes defendía a una comunidad en riesgo de desalojo por un conflicto de tierras. Fue acusado de venta ilegal de terrenos.
“Es un proceso con contenido político y no jurídico”, afirmó Rudy Joya, vocero de UNIDEHC, que considera que la condena es una represalia por las denuncias de Zavala.
Según la oenegé, la nueva acusación por estafa fue presentada de forma “secreta” y el abogado público asignado no ejerció una defensa efectiva.
Tras la segunda detención, Amnistía Internacional y otras organizaciones advirtieron sobre el riesgo de abusos por sus denuncias.
La condena “confirma la persecución y criminalización” de los defensores de derechos humanos, señaló la reconocida oenegé Cristosal, que en marzo pasado denunció que el gobierno de Bukele tiene casi 90 “presos políticos”, entre ellos la abogada de esa organización Ruth López, detenida en mayo de 2025.
Según Cristosal, esa situación no se presentaba en El Salvador desde la guerra civil que concluyó hace tres décadas y equipara al país con Venezuela y Nicaragua.
Bajo el régimen de excepción han sido detenidas unas 93.000 personas, entre las cuales, según oenegés, hay miles de inocentes. Esas organizaciones reportan además la muerte de unos 500 presos.